Columna de opinión del investigador CIUP, César Guadalupe.
La educación es un área respecto de las que todos expresamos interés, preocupación y convicción acerca de su importancia y, al mismo tiempo, una sobre la que las opciones de política pública desatan mucha controversia y, al mismo tiempo, no parecen ser muy eficaces. Considero que estos temas están entrelazados y pueden entenderse mejor si formulamos dos preguntas centrales: cómo entendemos lo educativo, y cómo deberíamos enfocar la búsqueda de opciones de política más efectivas.
Sobre lo primero constatamos que existen miradas muy distintas: por un lado, tenemos visiones instrumentales (la educación importa debido a sus efectos positivos sobre otros ámbitos) y, por otro, hay miradas humanistas que definen al aprendizaje como consustancial al ser humano y, por ello, la educación es un derecho fundamental valioso por sí mismo y no por su (bienvenida) contribución a otros campos de la vida personal y colectiva.
Las miradas instrumentales pueden ser compatibles con distintos universos valorativos de modo que una dictadura puede ser exitosa en impulsar ciertos aspectos educativos (y mostrar resultados mayores que muchas democracias). Una mirada humanista, por su parte, une lo educativo a una visión amplia del desarrollo de las personas y, por ello, es consustancial a la construcción de sociedades de ciudadanos (personas con derechos que crecen en el marco de una colectividad democrática). Por ello, una dictadura puede lucir exitosa en algunas mediciones que, evidentemente, no incluyen el desarrollo de la autonomía y el juicio critico.
La segunda pregunta nos lleva a considerar la operación de los sistemas educativos. Aquí, quisiera llamar la atención sobre dos puntos: (i) la educación de las personas no empieza ni termina en las escuelas y, por lo tanto, reducir lo educativo a la labor de los sistemas educativos resulta tremendamente restrictivo y descuida el papel que distintos actores (empresas, medios, asociaciones civiles, etc.) y la propia vida institucional juegan en la educación de las personas; y (ii) muchas veces el sistema educativo es visto como un sistema mecánico donde las decisiones se toman en un centro de control (Ministerio) y la gestión consiste en asegurar que se ejecuten.
Un tratamiento restrictivo de lo educativo también descuida cuestiones fundamentales como, por ejemplo, las necesidades de aprendizaje de jóvenes y adultos que concluyeron o abandonaron la educación obligatoria. En el Perú esas necesidades son inmensas no sólo por el volumen de población, sino por la precariedad de la experiencia educativa que muchos han tenido.
Entender el sistema educativo como algo mecánico deriva en una gestión centralista que agobia a los agentes y que, por ello mismo, termina siendo muy poco eficaz. Asimismo, afirmar que el rol de la política pública es prescribir y no habilitar o contribuir a la acción de las personas, deviene en una operación no democrática donde la tecnocracia (incapaz de entender el sentido de la labor pública por su renuncia a la política), termina conduciendo “ocurrencias” de muy diverso tipo pero que comparten su verticalidad, poca eficacia y gran ineficiencia.
Considerando lo anterior, sugiero que el abordaje de los problemas educativos no será efectivo si es que se limita a la formulación de iniciativas puntuales que por muy bien intencionadas que sean pierden de vista la naturaleza del problema (la educación como derecho) y el carácter de sistema dinámico complejo del sistema educativo. La actualización del Proyecto Educativo Nacional justamente nos sugiere pistas que deben permitirnos romper con 25 años de una política educativa instrumental y restrictiva que, claramente, da muy pocos resultados.
*Foto: ANDINA
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