Hablamos sobre la complejidad de los actos de corrupción con la investigadora CIUP, María Ángela Prialé, y sobre las posibles sanciones penales con el profesor de Derecho, Daniel Huamán.
Con la llegada de las vacunas la población del Perú, que se viene ahogando a causa de la segunda ola de contagios por COVID-19, tuvo un corto respiro de esperanza. Se discutía quién sería el primer vacunado y fuimos testigos de la que creímos era la primera inmunización a un médico intensivista. Sin embargo, más de 400 personas, entre funcionarios públicos, directivos del sector privado y personas del “entorno cercano” al ensayo clínico de Sinopharm, ya habían recibido dos o hasta tres dosis de la ansiada vacuna.
Este caso ha puesto al descubierto las prácticas más enquistadas de corrupción, amiguismo, abuso de poder y hasta tráfico de influencias en el sector público y privado. Además, demuestra una capacidad ética y moral muy débil de nuestros profesionales, científicos y autoridades. Para entender este caso, conversamos con María Ángela Prialé, investigadora CIUP en temas relacionados con la responsabilidad social, la sostenibilidad empresarial, los negocios inclusivos y el emprendimiento social. Además, recogimos la perspectiva del abogado Daniel Huamán, quien además es profesor de Derecho Penal de la Universidad del Pacífico.
La multidimensionalidad de la corrupción
La investigadora Prialé calificó estos hechos como sistémicos y no exclusivos de los funcionarios públicos, ya que aparecen nombres de representantes del sector privado, así como esposas, hijos y hermanos. Indicó que “si bien incurrir en actos de esta naturaleza es decisión individual, el entorno o contexto tiene la fuerza para cambiar el rumbo de esa decisión”. En dicho sentido, resaltó la multidimensionalidad de la corrupción que cuenta con la interacción entre factores internos, norma social, y marco institucional.
Para María Ángela Prialé la corrupción se da en primer lugar en una dimensión individual, es decir “ese mundo interno y los múltiples factores que lo componen, donde se articulan las otras dos dimensiones, la social y la institucional”. En ese sentido, reveló que “la ‘acción indebida’ de nuestros funcionarios sería reflejo de su análisis costo-beneficio”. Dicho de otro modo, de un análisis que está movido por el interés en lograr la maximización de su utilidad personal e incluye el cálculo del riesgo de ser capturado o descubierto.
La investigadora precisó que para entender el fenómeno desde la dimensión individual es necesario introducir la moral. “La mayoría de las veces puede inclinar la balanza hacia lo correcto, incluso en situaciones en las que el corrupto considera el beneficio de su acto mayor que el costo”, indicó la investigadora. Lamentablemente este no ha sido el caso de los vacunados clandestinamente. Prialé hizo referencia a la carta de la ex ministra Mazetti donde explica que sus miedos e inseguridades la dominaron. Para la investigadora, esto sumado a una falta de solidez ética, una evaluación de mayor beneficio del acto corrupto y el poco riesgo de ser descubierta, explica (aunque no justifica) su decisión.
Prialé aseguró que “lo que el país vive en este momento desencadena una atrofia de la confianza general y en la política en particular”. Por ello, consideró que será necesario que las autoridades revisen “cuidadosamente los dispositivos que regulan el plan nacional de vacunación”. Es decir, revisar las normas que regulan el acceso de los grupos prioritarios a la vacuna para identificar las zonas grises o vacíos, también establecer de forma explícita sanciones para quienes se aprovechen, e instalar mecanismos de supervisión del proceso de vacunación en todas las regiones. Finalmente, la investigadora consideró que “el protocolo deberá pensarse con una lógica de control de riesgos y adelantarse, identificar y regular, la ocurrencia de situaciones que pudieran implicar un uso discrecional de las dosis de la vacuna”.
Consecuencias legales
Desde una perspectiva legal, Daniel Huamán indicó que los hechos podrían configurar el delito de concusión. Esta figura “sanciona al funcionario público que, abusando de sus funciones, obliga o induce a un particular a otorgarle un beneficio patrimonial para él o para otra persona”, aseguró. Para los representantes del sector privado que también fueron vacunados y sus familiares, esta consecuencia también es aplicable, siempre se hayan beneficiado de una gestión del funcionario público para recibir este beneficio.
En caso este escenario fuera real, Huamán precisó que los ciudadanos civiles que se vacunaron “también tienen responsabilidad como autores del delito en mención, pues la norma sanciona tanto al funcionario que induce como al beneficiario, que en este caso es el particular”. Aseguró que por el momento estos son los hechos que se podrían juzgar.
Precisó, además, que al ser un caso en investigación y en el que se descubren nuevos datos a diario, es posible que se sumen nuevos elementos. Por ejemplo, de estar frente a un caso en el que se brindó una posible preferencia a las vacunas de Sinopham como consecuencia de la inoculación “entonces el panorama jurídico podría agravarse a otros delitos como la negociación incompatible o, incluso la colusión”, indicó.
* Foto: ANDINA
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