Un Perú para todos sus residentes, por Feline Freier

“Narrativas discriminatorias, como la criminalización de los venezolanos, no solamente son empíricamente falsas, sino también peligrosas”, señaló la investigadora CIUP Feline Freier en su columna de opinión para El Comercio.

Hoy es el Día Internacional del Migrante. Hace un mes, el 18 de noviembre, un video en el que el miraflorino Guillermo Miranda insultaba a Júnior Ramírez, un joven venezolano empleado de Rappi, se volvió viral. Lo que me sorprendió del incidente fue la indignación colectiva en las redes, dado que la discriminación forma parte central de la experiencia cotidiana de los venezolanos en el Perú.

En un estudio liderado por Leda Pérez, entrevistamos a más de 100 migrantes venezolanos en Arequipa, Cusco, Lima, Tacna y Trujillo. Un 68% de los hombres y un 85% de las mujeres afirmaron haber sido discriminados por su nacionalidad. Desafortunadamente, la agresión que sufrió Júnior no es un caso aislado, sino que forma parte de la realidad cotidiana de los trabajadores venezolanos cuyo empleo implica una interacción constante con sus clientes (encontramos que los trabajadores del rubro de servicios son los más vulnerables a la discriminación).

Asimismo, un 24% de los hombres y un 33% de las mujeres compartieron experiencias de criminalización. Fueron llamados “ladrones”, “asesinos” y “descuartizadores”. La criminalización consiste en construir la idea de que cierto grupo social representa una amenaza para la seguridad. Para ello, se le suele atribuir una peligrosidad natural o una predisposición intrínseca para cometer delitos. En América Latina la asociación entre la nacionalidad venezolana y la criminalidad es recurrente. Un estudio realizado por Oxfam en el 2019 reveló que un 73,5% de encuestados en Colombia, un 70% en el Perú y un 67,9% en Ecuador consideraban que la inmigración incrementa el crimen y la inseguridad.

Estas percepciones, sin embargo, no se encuentran respaldadas por los hechos. Recientemente, el Migration Policy Institute (MPI) encontró que los inmigrantes venezolanos en el Perú y en Chile cometen considerablemente menos crímenes que la población nacional. En el Perú, en el 2019, la tasa de criminalidad de los inmigrantes venezolanos fue menor a su proporción poblacional: 1,3% del total de presos eran extranjeros (de todas las nacionalidades), mientras los venezolanos representaban el 2,9% de la población.

Otros testimonios que recogimos sugieren que la discriminación en contra de los trabajadores venezolanos también está asociada al prejuicio existente en la sociedad peruana acerca de algunos empleos, como el servicio doméstico, la venta ambulatoria y la limpieza, y que las mujeres sufren también discriminación de género. En ese sentido, la discriminación contra los venezolanos no solo es xenófoba, sino también clasista y sexista.

Pero más grave aún, también recogimos testimonios de maltrato policial basado en la nacionalidad venezolana. En Cusco, Ana Lucia relató la experiencia del arresto arbitrario de su esposo: “De las dos veces que se lo han llevado detenido, un día lo golpearon [la policía] [...]. Lo golpearon, lo esposaron, lo pasearon por la Plaza de Armas esposado [...] y varios de los funcionarios le decían ‘ustedes no tienen derecho en este país, sus derechos se quedaron en Venezuela’”.

En el contexto de los debates que han surgido a raíz de la crisis política de los últimos meses, el día de hoy nos debe llevar a reflexionar de manera más amplia acerca de cómo nos queremos tratar quienes formamos parte de esta comunidad. La inmigración, tanto internacional como interna, es un espejo social. Narrativas discriminatorias, como la criminalización de los venezolanos, no solamente son empíricamente falsas, sino también peligrosas. Por un lado, incrementan el miedo, la xenofobia y la violencia. Por el otro, desvían la responsabilidad política.

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