Artículo de opinión de Javier Albán, investigador del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP). Este texto fue escrito para el Punto de Equilibrio n°64.
Tras la experiencia de las denuncias de fraude electoral en las elecciones del 2021 —una situación que se ha repetido en otras partes del mundo en tiempos recientes—, es difícil pensar que este año no pueda volver a ocurrir algo similar. El hecho de que aquella vez no solo no se presentaran pruebas de un fraude, sino que no se plantee una teoría coherente de cómo habría ocurrido dicho fraude, no impidió que el rumor se difunda lo suficiente como para dañar la confianza en la democracia.
En un contexto electoral impactado por el avance de la inteligencia artificial, las redes sociales y las burbujas de información que hoy nos llevan a vivan realidades distintas, es importante tener en cuenta cuáles son las fortalezas de nuestro sistema electoral.
La separación del ‘poder electoral’ del ‘poder político’.
A diferencia de lo que ocurre en países vecinos, en Perú los titulares de los organismos electorales no son elegidos ni pueden ser removidos por las autoridades políticas del Ejecutivo y Legislativo. En cambio, el jefe de la ONPE y del Reniec son nombrados por la Junta Nacional de Justicia, mientras que los cinco miembros del JNE son nombrados por el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Colegio de Abogados de Lima y los decanos de las universidades públicas y privadas, respectivamente. Esto les da una más independencia de la que tienen las autoridades electorales en otros países.
La división de poder de nuestro Sistema Electoral.
En la mayoría de los países de la región existen un solo organismo electoral. Nuestra división en tres organismos constitucionalmente autónomos (igual que el BCR) no es común, pero conlleva a que resulte más costoso capturar el sistema electoral. Además, las decisiones del Pleno del JNE solo se dan en segunda instancia, ya que para cada elección se crean varios Jurados Electorales Especiales de primera instancia en todo el país. Es decir, al igual que en la ONPE, el poder electoral está dividido incluso dentro del mismo JNE.
Quienes cuentan los votos son ciudadanos, no funcionarios.
No son la ONPE ni el JNE, ni ningún otro funcionario o software en una oficina quien cuenta los votos, sino que lo hacen los miembros de mesa. Es decir, ciudadanos sorteados aleatoriamente. Las cédulas que cada votante deposita en el ánfora de cada mesa son contadas por estos ciudadanos al final del día y, tras ello, esa información se coloca en un acta electoral, que luego la ONPE digitaliza y publica en su web para que todos podamos verla. Y el mismo proceso se repite en todas las mesas.
Es usual que el día de una elección se registren irregularidades puntuales. Más aún ahora que el Congreso ha hecho modificaciones que aumentarán la desconfianza, como el hecho de que ya no se destruirán las cédulas, sino que ahora la ONPE deberá custodiarlas hasta un eventual reconteo. ¿Dónde las va a guardar?, ¿cómo las va a transportar? Pero la ley ya prevé mecanismos para que en la mayoría de los casos en que se registren irregularidades puntuales, esos votos ya no cuenten.
Para que ocurra un fraude real, las irregularidades tendrían que ir en un mismo sentido y ser suficientes en todo el país, de modo que se voltee el resultado originalmente expresado en los votos. Es muy difícil que algo así pueda llegar a darse.
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