José Luis Pérez Guadalupe, investigador del CIUP, analiza algunas de las propuestas en materia de seguridad ciuadana, presentes en los planes de gobierno de los candidatos presidenciales.
El presente documento resume las propuestas en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad de cinco partidos participantes en las elecciones generales de este año 2026. Los partidos seleccionados son aquellos cuyo candidato a la presidencia se ubica en las cinco primeras ubicaciones en la última encuesta de intención de voto realizada por Datum y publicada el 22 de febrero de 2026. Estos son: Renovación Popular (Rafael López Aliaga), Fuerza Popular (Keiko Fujimori), Ahora Nación (Alfonso López Chau), País Para Todos (Carlos Álvarez) y Alianza Para el Progreso (César Acuña).
Para la sistematización de las propuestas, se toma como punto de referencia cinco ejes en materia de seguridad ciudadana. Estos ejes son:
Cabe señalar que los tres primeros ejes son recogidos del documento “Seguridad ciudadana y política criminal del Estado” (Pérez Guadalupe y Nuñovero, 2025), que desarrolla propuestas en estos tres aspectos. No obstante, estos tres ejes no llegan a abarcar la totalidad de propuestas, por lo que se añadió los ejes 3 y 4, de lucha contra la delincuencia cotidiana y prevención del crimen.
A) SEGURIDAD CIUDADANA Y SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
Para el análisis de este eje, se comparará las propuestas de los cinco partidos en tres puntos o “sub-ejes” específicos:
Reforma o rediseño institucional de las entidades encargadas de la lucha contra la inseguridad ciudadana
En cuanto al primer punto, los cinco planes analizados proponen reformas y, en algunos casos reingeniería institucional de algunas entidades ligadas a la lucha contra la inseguridad ciudadana, puesto que, casi en su totalidad, consideran que existe una débil coordinación entre las distintas instituciones encargadas del tema.
En esta línea, Alianza para el Progreso articula su propuesta de seguridad con su propuesta de reforma del Estado. Este partido propone integrar la política de seguridad ciudadana al “Centro de Gobierno” (institución que el partido propone crear y que estaría a cargo de la primera vicepresidencia de la república) y a las “Oficinas Desconcertadas Sectoriales”, con la finalidad de elaborar una sola estrategia de seguridad a nivel de país. Asimismo, en línea con su propuesta de reducción de ministerios (de 19 a 10), proponen crear el “Ministerio de Defensa y Seguridad Interna” que integre los sectores Interior y Defensa. Asimismo, proponen la “reingeniería del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana como sistema funcional priorizado, con metas e indicadores, articulando gobiernos regionales, municipalidades, PNP y programas sociales bajo objetivos comunes de reducción del delito”.
Por su parte, Fuerza Popular propone la instalación del “Consejo Presidencial de Prevención del Delito y Convivencia Ciudadana”, que estaría presidido por Presidencia de la República, y que sesionaría en regiones priorizadas para “escuchar directamente a madres, jóvenes y autoridades locales”. Asimismo, propone el establecimiento de un “Comando Unificado Permanente contra la Inseguridad y el Crimen Organizado”, integrado por Presidente de la República, la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), Ministros del Interior, Defensa y Justicia, Jefe del INPE, FF.AA., PNP y organismos de inteligencia.
El partido País Para Todos, por su parte, propone, en materia de institucionalidad y gobernanza, “reformar la gobernanza y conducción estratégica del sistema de seguridad ciudadana, mediante la redefinición de las funciones del CONASEC, la vinculación efectiva de sus acuerdos a acciones y resultados, y la transformación de los planes de seguridad ciudadana en instrumentos operativos y de seguimiento”.
El partido Ahora Nación propone “promulgar una nueva ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad, con liderazgo claro del Ejecutivo, incorporando lineamientos integrales de prevención del delito y lucha contra la criminalidad”. Finalmente, Renovación Popular propone la creación de “Unidades Itinerantes de Pacificación Ciudadana, inteligencia y agentes encubiertos”, integradas por todas las instituciones del Sistema de Seguridad Ciudadana, aunque no detalla con claridad sus funciones.
Reformas en los marcos normativos y del sistema de justicia penal
Un segundo punto por tomar en cuenta en este eje es la reforma del marco legal y del sistema de justicia penal. En este punto, uno de los temas más debatidos en los últimos meses es el de la derogación u observación de las llamadas “leyes pro crimen”. Sobre este tema, el partido Ahora Nación es el único que se pronuncia con claridad a favor de su derogatoria, aunque no se detalla cuáles leyes en específico se pretende derogar. Asimismo, este partido propone incorporar en el Código Penal el delito de producción, posesión y difusión de mensajes extorsivos, y aprobar una ley que obligue a bancos, empresas de telefonía y plataformas digitales a contar con equipos de enlace que entreguen información rápida y estandarizada a las entidades del sistema de justicia en casos de extorsión y otros delitos violentos. Sumado a ello, no se encontró propuestas específicas en materia de reforma del sistema de justicia penal, más se hace mención a la necesidad de fortalecer la meritocracia y reducir la provisionalidad entre jueces y fiscales.
Los otros cuatro partidos analizados no proponen la creación ni derogatoria de leyes específicas, sin embargo, hacen énfasis en la necesidad de hacer más eficiente el sistema judicial, agilizando investigaciones y fortaleciendo capacidades de jueces y fiscales.
En esta línea, Alianza para el Progreso propone aumentar el presupuesto del Ministerio Público, fortalecer la carrera pública en dicha institución y eliminar la provisionalidad de los fiscales. En lo que respecta al Poder Judicial, se propone acabar con el “abuso” del uso del control difuso por parte de “jueces ideologizados”, eliminar el mecanismo de ratificación de jueces, modificar el sistema de ascenso de jueces para promover la meritocracia y profesionalizar el sistema de reclutamiento. Asimismo, propone “generar un mecanismo de filtro para permitir el inicio de un proceso judicial, a través de la exigencia de una fianza que será devuelta de ganar el litigante el proceso, con excepciones para ciudadanos en extrema pobreza”.
Fuerza Popular, por su parte, propone una “Reforma Integral del Sistema de Justicia”, que tenga el fin de “garantizar independencia judicial, celeridad procesal, predictibilidad de las decisiones, lucha efectiva contra la impunidad y la corrupción, y la recuperación de la confianza ciudadana en el Estado de derecho”. Como parte de esta reforma, se planea lograr la interoperabilidad digital entre las entidades del sistema e “incorporar inteligencia artificial para el análisis predictivo de casos, la asignación eficiente de expedientes y la reducción de tiempos procesales”. Asimismo, se plantea la obligatoriedad del Expediente Judicial Electrónico (EJE), la implementación del “proceso judicial monitor” para resolver deudas dinerarias y reclamaciones menores, y el fortalecimiento de la labor de los abogados de oficio mediante un incremento de plazas y la creación de la “Carrera Nacional de Defensa de Oficio”. Más allá de las propuestas ligadas a la Reforma del Sistema de Justifica, Fuerza Popular propone, de manera más específica, la simplificación del Código Procesal Penal, la implementación del expediente electrónico penal, el fortalecimiento de las Fiscalías Especializadas contra el Crimen Organizado (FECOR), la creación de nuevas FECOR en zonas de mayor incidencia criminal y la creación de nuevas unidades de flagrancia.
El partido País Para Todos, por su parte, pone también el énfasis en la agilización de los procesos judiciales, asegurando el cumplimiento de plazos, convirtiendo órganos fiscales y jurisdiccionales transitorios en permanentes, y creando nuevos órganos jurisdiccionales y fiscales. Asimismo, propone acelerar las investigaciones priorizando la tramitación de delitos de alto impacto (extorsión, sicariato, crimen organizado) y eliminando la provisionalidad de jueces y fiscales.
Finalmente, el Partido Renovación Popular propone agilizar el sistema de justicia reduciendo la carga procesal, para lo cual planea promulgar una ley que determine que las controversias comerciales, civiles, patrimoniales y comerciales se resuelvan en vía arbitral.
Debe tenerse en cuenta, antes de pasar al siguiente punto que, en este ámbito, ningún partido realiza una mención a la salida del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a pesar de que algunos de los candidatos mostraron una postura favorable. En el caso de Ahora Nación se hace un énfasis en el fortalecimiento de la capacidades del sistema de justicia para aplicar las sentencia de la CIDH. En línea con esta situación, ningún partido se muestra a favor de la pena de muerte ni existe un énfasis en el endurecimiento de penas.
Reforma y/o fortalecimiento de la Policía Nacional del Perú
Para finalizar, un último punto por tratar en este eje son las propuestas para mejorar la labor de la Policía Nacional del Perú.
Ahora Nación considera necesario establecer filtros estrictos de selección en la PNP, mecanismos de reconocimiento al mérito y un shock de inversiones en equipamiento, tecnología e infraestructura. De manera más detallada, para mejorar la admisión, propone que la admisión a la Policía sea administrada por una de las mejores universidades públicas del país, que incluya pruebas de polígrafo, y que las Escuelas de Oficiales y Suboficiales sean supervisadas por SUNEDU y MINEDU, respectivamente. En cuanto al desarrollo de la carrera policial, se propone la celebración de convenios con universidades para el desarrollo de programas de maestría o especialización, elevar al 30% el peso del factor disciplinario para determinar los ascensos, modificar la Hoja de Calificación en base a indicadores de desempeño del personal, e incluir a SERVIR para supervisar los procesos de ascenso.
Con el objetivo de eliminar la corrupción al interior de la Policía, se propone incorporar sanciones a instructores de Inspectoría General de la PNP que dilaten los procesos disciplinarios, incorporar el proceso sumario obligatorio (40 días) en casos de corrupción en el fuero administrativo policial, crear el Grupo Permanente de Investigaciones Sumarias por Corrupción, impedir a investigador por corrupción de participar en el Tribunal de Disciplina Policial, implementar la imprescriptibilidad de los casos de corrupción, entre otras medidas. Finalmente, para mejorar la eficiencia de la PNP se propone una serie de inversiones en equipamiento, vehículos, criminalística, y tecnología; se propone también convertir a la PNP en un pliego presupuestal bajo un enfoque de resultados, reorganizar los grupos policiales, eliminando aquellos que fueron creados sin sustento técnico, y mejorar el bienestar del personal policial mediante la modificación de la ley de pensiones militar-policial y la mejora del sistema de salud policial.
Alianza Para el Progreso propone una reforma y reingeniería de la PNP, aunque no se detalla con claridad en qué consiste la propuesta. Se señala, no obstante, que se debe aumentar el presupuesto de esta institución y que “la Policía debe recuperar de manera efectiva su rol en la investigación preliminar, actualmente desconocido por el Sistema Nacional de Justicia”.
Fuerza Popular, por su parte, toma como punto de partida la situación de déficit de equipamiento e infraestructura policial, frente a lo cual propone la ejecución del Plan Mariano Santos Mateo, que incluye inversiones en infraestructura, equipamiento, TICs y administración de recursos humanos (lo que comprende mejorar en educación, bienestar y salud). Este partido propone también el fortalecimiento de las escuelas policiales, y la ampliación del proceso de convocatoria policial.
El partido País Para Todos propone también una “reforma institucional efectiva de la PNP” y señala que esta estaría “basada en un rediseño organizacional, fortalecimiento de la carrera policial, especialización de funciones y mejora de la gestión del personal”.
Por último, Renovación Popular no plantea una reforma de la PNP, sino que señala que existe una “baja consideración a la función policial”, por lo que señala que se “preocuparán por el bienestar y la profesionalización de la familia policial”. Asimismo, señala que “dotarán de herramientas legales” a la Policía para realizar su labor, y que crearán el “Instituto de Investigación y Desarrollo de la Policía y la Seguridad, con el fin de elevar el nivel científico, tecnológico y operativo de la PNP”. Finalmente, proponen que los licenciados de las Fuerzas Armadas tengan ingreso directo a la PNP.
Teniendo en cuenta los tres “sub-ejes” revisados, la comparación entre planes de gobierno permite llegar a las siguientes conclusiones parciales:
La Tabla 1 sintetiza las principales propuestas presentadas por los partidos en este eje.
Tabla 1: Propuestas en materia de seguridad ciudadana y sistema de justicia penal
B) GOBERNANZA E INTELIGENCIA PENITENCIARIA
Este eje, si bien es abordado por cuatro de los cinco partidos analizados (con excepción de Renovación Popular que, al no considerar este eje, no será incluido en el análisis), no ha sido tocado con el detalle y extensión con el que sí son desarrollados los otros dos ejes analizados, pues se limita a pocos párrafos o puntos específicos. La única excepción a esta situación la conforman Ahora Nación y País Para Todos, quienes abordan este eje de manera independiente en sus respectivos planes. Otro punto por considerar antes de comenzar con el análisis es que todos estos planes fueron elaborados de manera previa a la (hasta ahora) frustrada reforma penitenciaria realizada por el gobierno transitorio de José Jerí, que creó la Superintendencia Nacional de Internamiento y Rehabilitación (SUNIR), que pasará a realizar las labores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), el Programa Nacional de Centros Juveniles y el Programa Nacional para la Prevención y Reinserción Social.
El Partido Ahora Nación parte de considerar que existe una “gestión penitenciaria ineficiente y desarticulada”. Para ello, proponen “transformar el sistema penitenciario en un espacio controlado, fortaleciendo la inteligencia penitenciaria mediante modernización tecnológica, articulación efectiva entre la PNP y el INPE y profesionalización del personal, para prevenir y neutralizar las operaciones del crimen organizado y promover la reinserción efectiva”. De manera más específica, proponen la elección del presidente del INPE mediante concurso público meritocrático, fortalecer la División de Inteligencia de Seguridad Integral (DIVISI) de la DIRNOS–PNP, incrementando sus capacidades técnicas, operativas y de análisis, fortalecer la articulación entre la DIVISI y el INPE, mejorar el sistema de bloqueadores de celulares en penales, adquirir escáneres de alta precisión y rapidez para el control de ingresos en los establecimientos penitenciarios, implementar un proceso de profesionalización del personal penitenciario y retirar progresivamente los penales de las principales ciudades del país.
Fuerza Popular, por su parte, propone la construcción de cuatro mega penales de máxima seguridad, cuatro penales estándar modulares (1,000 internos) y un penal especializado para jóvenes infractores, bajo administración temporal y exclusiva de las Fuerzas Armadas. Asimismo, propone la expansión de pabellones en penales existentes con separación por tipo de delito, y la implementación de un sistema integral de bloqueo de celulares. Sumado a ello, considera una serie de propuestas para promover el trabajo de los internos, como la integración de “Cárceles Productivas” con el mecanismo de Alianzas Público-Privadas (APPs), con programas de reinserción laboral para delitos menores, y reorientar parte de los talleres productivos a la elaboración de bienes útiles para el sistema público; la implementación de un programa de trabajo comunitario para que los reos realicen labores de mantenimiento de colegios, recuperación de áreas verdes, etc.; la implementación de un régimen de trabajo penitenciario, que vincule la participación en actividades productivas al otorgamiento de incentivos, tal como el acceso a condiciones de la alimentación; y la creación de un incentivo de trabajo con enfoque familiar destinando una parte de los ingresos generados por talleres productivos y programas de trabajo comunitario a un “Fondo de Apoyo Educativo para hijas e hijos de personas privadas de libertad”.
El partido País Para Todos considera que los penales son utilizados como “centros de operación criminal”, por lo que propone neutralizar el mando criminal desde cárceles separando a los líderes en regímenes especiales con aislamiento físico y comunicacional efectivo, control reforzado del personal penitenciario, monitoreo permanente y protocolos diferenciados de custodia. Asimismo, propone la inhabilitación efectiva de la señal de telecomunicaciones dentro y en los perímetros penitenciarios, la implementación de sistemas tecnológicos de detección de dispositivos, y la articulación obligatoria con las empresas operadoras de telecomunicaciones bajo un esquema de responsabilidad regulada y supervisión permanente del Estado. Por otro lado, considera que el INPE se encuentra en una crisis estructural, por lo que propone una “reforma real del sistema penitenciario” que implique un “rediseño institucional con sustento normativo, operativo y presupuestal, que defina claramente funciones, estructura, carrera del personal penitenciario y mecanismos de control, garantizando capacidades reales de control, clasificación de internos y resocialización”. Finalmente, en lo que respecta a la justicia juvenil el partido propone “implementar un modelo nacional de intervención diferenciada en el sistema de justicia juvenil, basado en perfiles de riesgo y trayectorias, que asegure la especialización institucional, y el acompañamiento a adolescentes, con énfasis en la desvinculación de dinámicas criminales”.
Alianza para el Progreso, por su parte, únicamente le dedica un párrafo a este eje, proponiendo un “agresivo plan para ejecutar cárceles bajo las modalidades de Obras por Impuestos (OxI) y Alianzas Público-Privadas (APPs). Asimismo, propone “acondicionar los cuarteles militares vía OxI, para que con obras de IOARR se tenga rápidamente a disposición estos espacios y con ello se puedan internar a los reos”. Esta medida sería “temporal y cuando las cárceles construidas estén disponibles, se mudará a los reos y las fuerzas militares dispondrán de mejores cuarteles”.
La revisión de este eje en los planes de gobierno permite observar que las propuestas sobre gobernanza e inteligencia penitenciaria evidencia un tratamiento más superficial y fragmentado en comparación con otros ejes de la seguridad ciudadana. Los enfoques de los partidos revelan tanto puntos de encuentro operativos como profundas divergencias en la concepción del control penitenciario.
En este sentido, se pueden extraer las siguientes conclusiones parciales:
Debe señalarse, sin embargo, que, a pesar de las diversas promesas de modernización o construcción, los planes de gobierno adolecen de una grave desconexión con la crisis material del sector. Ningún partido aborda el déficit real de infraestructura en el Perú, el cual exige la edificación urgente de al menos 20 penales con capacidad para 2,000 internos cada uno, a los largo de los próximos 10 años; única medida capaz de mitigar el hacinamiento crítico (Pérez Guadalupe y Nuñovero, 2025). En esta misma línea, resulta revelador que ninguna agrupación haya considerado un aumento sostenido del presupuesto destinado a las instituciones del sistema penitenciario, ni de su personal. Sin esta asignación de recursos, las propuestas de modernización tecnológica, rediseño institucional y mejora de la carrera penitenciaria carecen de la viabilidad financiera necesaria para su ejecución, pero, sobre todo, para su correcta operación.
Finalmente, la Tabla 2 resume las propuestas presentadas por los partidos en este eje
Tabla 2: Propuestas en materia de gobernanza e inteligencia penitenciaria
C) LUCHA ESTRATÉGICA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO Y LAS ECONOMÍAS CRIMINALES
Este tercer eje no es abordado por casi ningún partido de manera independiente (con excepción de Ahora Nación), sin embargo, las acciones que comprenden la lucha contra el crimen organizado son incluidas en sus propuestas de fortalecimiento de la PNP y de articulación institucional. Ahora Nación, que es el único partido que le dedica un apartado específico a la lucha contra el crimen organizado, plantea como objetivo “desarticular las redes de extorsión, minería ilegal, economías ilícitas y corrupción de alta complejidad mediante un Estado fortalecido, coordinado y con capacidad operativa, normativa e inteligencia para enfrentar eficazmente al crimen organizado”.
Para ello propone una amplia cantidad de medidas como: fortalecer la articulación entre la PNP y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), elaborar una directiva nacional para estandarizar el flujo de distribución y atención de denuncias por extorsión, implementar el Reglamento de Inscripciones de Bienes vinculados a la Pequeña Minería y Minería Artesanal en el Registro de Bienes Muebles de la SUNARP, realizar fiscalización y control de plantas de beneficio en coordinación con el MINEM, OEFA, MTPE, SUNAFIL y OSINERGMIN, implementar un laboratorio estatal bajo la gestión del INGEMMET para determinar la composición de minerales, implementar la interoperabilidad entre el Registro de Comercializadores y Procesadores de Oro con el REINFO y otros registros de producción de oro, a cargo del MINEM, crear un banco de ADN de mineral aurífero a cargo del Laboratorio Criminalístico para Delitos Ambientales de la DIRMEAMB, crear Unidades de Maniobra y el Departamento de Investigación de Desvío de Insumos Químicos para la Minería Ilegal en la DIRMEAMB-PNP, endurecer la regulación del acceso a armas y explosivos, articular el trabajo de la DIVIAC PNP con la SUNAT y la Contraloría General de la República para atacar las finanzas de las organizaciones criminales, formalizar la aplicación del método de inteligencia operativa y el método de investigación prospectiva compleja para desarticular redes criminales, crear la Unidad Especial de Comprobación, Investigación y Protección (UECIP PNP), adscrita a la DIRNIC, especializada en colaboradores eficaces, testigos, peritos u otros intervinientes en procesos penales que se encuentren en riesgo, convertir la DIVIAC en una dirección especializada en investigaciones de alta complejidad, con mayor autonomía y capacidades técnicas, fortalecer la División de Investigación de Delitos de Corrupción vinculados al Crimen Organizado de la DIRCOCOR, establecer un monto mínimo de recursos de inteligencia para las unidades especializadas de la DIRNIC, redistribuir recursos de inteligencia hacia las Divisiones de Investigación Criminal (DIVINCRI) de las regiones con mayor impacto criminal, desarrollar una plataforma de auditoría con trazabilidad completa de las acciones de inteligencia, eliminar las unidades o áreas que generan duplicidad dentro del sistema de inteligencia policial y sectorial, y disponer la asignación de agentes de inteligencia en comisarías con mayor incidencia delictiva por extorsión en Lima Metropolitana.
En contraste con esta amplia cantidad de propuestas, Alianza para el Progreso únicamente señala que se pondrá “foco en el crimen organizado y las extorsiones, usando plataformas de inteligencia, análisis de datos y cooperación internacional para perseguir redes y no solo delitos aislados”. En materia de inteligencia proponen implementar “una plataforma unificada que integra información de PNP, DINI, Ministerio Público, Poder Judicial y gobiernos subnacionales, usando Inteligencia Artificial para análisis predictivo y focalización de operativos”. Fuerza Popular, por su parte, pone también énfasis en la inteligencia y el uso de la tecnología para el seguimiento y desarticulación de las organizaciones criminales. En esta línea, propone lograr un control de las cadenas de valor criminales “con interdicción de insumos, rutas y puntos de comercio, a fin de combatir la minería ilegal, narcotráfico, trata de personas y extorsión”, la modernización y el fortalecimiento de la SUCAMEC y las DREMs para una regulación más efectiva de armas y explosivos, culminar la implementación nacional del SIPMMA (Sistema Interoperable para la Pequeña Minería y Minería Artesanal) para trazabilidad de insumos y minerales, establecer comandos mixtos integrados por la PNP, FF.AA., Fiscalía y SUNAT en zonas críticas para enfrentar la minería ilegal y el crimen organizado, crear Unidades de Inteligencia contra la Extorsión de las MYPES, y crear un Sistema Nacional Integrado de Información Criminal, con interoperabilidad entre Policía, Fiscalía, Poder Judicial y gobiernos locales.
El partido País Para Todos también se mueve en la misma línea, aunque sus propuestas alcanzan un menor grado de especificidad. Así, por ejemplo, proponen “debilitar la extorsión y el control territorial de bandas mediante acciones focalizadas de prevención (limitar la aparición de aventureros), control (atacando sus finanzas) y persecución del delito (con el trabajo coordinado de PNP-MP-PJ-INPE), orientadas a reducir su incidencia y capacidad de intimidación”. Proponen también fortalecer el seguimiento a los flujos financieros ilícitos otorgando a la SBS capacidades de investigación penal, en coordinación con el Ministerio Público y el Poder Judicial. Justamente en materia de investigación penal, proponen el desarrollo de “investigaciones complejas orientadas a estructuras, roles y redes, y una coordinación interinstitucional sostenida entre la Policía, el Ministerio Público y otras entidades competentes”. Finalmente, al igual que los otros partidos, hacen énfasis en la necesidad de adquirir tecnología, específicamente el software UFED cellebrite para la persecución penal.
Por último, el partido Renovación Popular es quien menos ahonda sobre el tema. De hecho, su propuesta no gira en torno al crimen organizado sino a la lucha contra el “terrorismo urbano”. Este crimen también sería atacado mediante las ya mencionadas Unidades Itinerantes de Pacificación Ciudadana, inteligencia y agentes encubiertos. Asimismo, se propone un convenio con el Gobierno de Estados Unidos de América para “servicios de inteligencia, empleo de tecnología de punta y extradición inmediata de cabecillas de bandas de terrorismo urbano”.
A manera de resumen, el análisis de las propuestas sobre la lucha contra el crimen organizado y las economías criminales evidencia una asimetría notable en la profundidad programática de los partidos. Salvo una excepción, la mayoría de las agrupaciones no aborda este fenómeno como un eje independiente, sino como un apéndice de la reforma policial o la modernización tecnológica. A pesar de ello, algunos partidos como Fuerza Popular han logrado un desarrollo amplio de sus propuestas, otros, sin embargo, como País Para Todos únicamente han abordado un nivel general, mientras que otro grupo de partidos (Renovación Popular y Alianza para el Progreso) apenas se ha limitado a ensayar un párrafo sobre el tema.
A manera de conclusión parcial de esta sección se puede señalar lo siguiente:
Finalmente, la Tabla 3 resume las propuestas de los partidos en torno a este eje:
Tabla 3: Propuestas en materia de lucha contra el crimen organizado y las economías criminales
D) LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA COMÚN O COTIDIANA
Sobre este eje, el análisis de los planes de gobierno permite observar que la mayoría de los partidos se enfoca en la reforma o mejora de la PNP y en la lucha contra el crimen organizado, más que en la delincuencia común y en los delitos concretos (asalto, robo al paso, ‘arranchón’, ‘raqueteo’). Es así que, por ejemplo, el partido Ahora Nación no elaboró ninguna propuesta relacionada con la delincuencia común, lo que contrasta con su amplio paquete de propuestas en materia de reforma policial y lucha contra el crimen organizado. En este grupo también podría ubicarse al partido Renovación Popular, que tampoco desarrolla propuestas específicas contra este tipo de delincuencia, sino que se limita a señalar que la delincuencia común, el pandillaje y la micro comercialización de drogas también serán combatidas por las mencionadas “Unidades Itinerantes de Pacificación Ciudadana”.
El partido Alianza para el Progreso, por su parte, propone dos medidas al respecto. En primer lugar, propone la “prevención situacional y social del delito en barrios críticos”, mediante la creación de “corredores urbanos seguros” en distritos con alta incidencia colectiva. Esto corredores incluirían vivienda, iluminación, transporte, deporte, mercados formales y presencia estatal, por lo que se puede decir que combinan su propuesta de prevención situacional (iluminación, presencia estatal, etc.) con sus propuestas de prevención social del crimen a mediano y largo plazo (deporte, vivienda, etc.). En segundo lugar, este partido propone una “Policía de Proximidad e Inteligencia Territorial”, que consiste en patrullaje sectorizado, equipos estables por barrio y mesas locales de seguridad apoyadas por el sistema de inteligencia y datos del “Centro de Gobierno”.
El partido País Para Todos también elabora dos propuestas en este eje, centradas en intervenciones focalizadas y fortalecimiento del patrullaje. En primer lugar, proponen “reducir la incidencia de hurto, robo y estafas mediante estrategias focalizadas de prevención situacional y operativa, fortaleciendo la presencia policial en puntos críticos, la investigación de delitos patrimoniales y la adaptación de las capacidades policiales a las nuevas modalidades de estafa, especialmente en entornos urbanos y digitales”. En segundo lugar, como se venía mencionando, el partido propone el “fortalecimiento del patrullaje policial disuasivo, visible y focalizado en zonas de mayor incidencia delictiva, optimizando los tiempos de respuesta y la articulación con serenazgos municipales”.
Por último, es importante mencionar que el partido Fuerza Popular es quien más propuestas incluye en este eje, aunque estas no presentan mayor desarrollo. Este partido propone la recuperación de los espacios públicos mediante acciones de iluminación, videovigilancia, patrullaje y actividades comunitarias. Asimismo, proponen el refuerzo del patrullaje en zonas críticas mediante la “reorientación del 24x24, priorizando presencia policial efectiva en provincias y fronteras, mediante análisis geoespacial del delito”. Proponen también intervenciones en materia de tecnología para fortalecer el patrullaje, como el incremento del patrullaje motorizado y aéreo (drones) con tecnología GPS y cámaras de reconocimiento facial, y la implementación de la Plataforma ‘Perú con Orden’, que definen como un “un sistema de información en tiempo real que integre denuncias, zonas de riesgo, mapas de calor delictivo y alertas comunitarias”.
En resumen, se evidencia que, a pesar de que la delincuencia común sea la que más afecta directa y masivamente a la población, no se encuentra un gran énfasis de los partidos en este eje. Por el contrario, la atención de las agrupaciones políticas ha sido absorbida casi en su totalidad por las reformas institucionales y el combate al crimen organizado. A pesar de ello, se puede evidenciar algunas tendencias comunes. Así, por ejemplo, la mayoría de los partidos apuestan por intervenciones territorialmente focalizadas en barrios de alta incidencia delictiva, en donde se realizarían las acciones de patrullaje y prevención situacional. Dentro de este marco común, las propuestas de los partidos presentan matices en su enfoque específico. Fuerza Popular, por ejemplo, pone mayor énfasis en el uso de la tecnología (drones, GPS, reconocimiento facial), mientras que Alianza para el Progreso enlaza su estrategia con su propuesta de prevención social, y País Para Todos enfatiza el patrullaje disuasivo. Finalmente, resalta la ausencia de propuestas de Ahora Nación, y se repiten propuestas genéricas de Renovación Popular.
Por último, la Tabla 4 resume las principales propuestas de los partidos en materia de lucha contra la delincuencia cotidiana.
Tabla 4: Propuestas en materia de lucha contra la delincuencia cotidiana
E) PREVENCIÓN SOCIAL DE LA DELINCUENCIA
Al igual que con el eje previo, este último eje también aparece un tanto soslayado por los planes de Ahora Nación y de Renovación Popular. Ambos partidos presentan propuestas en materia de promoción del empleo, educación e inclusión social que, evidentemente, podrían tener efectos en la prevención del crimen; sin embargo, en ningún caso se realiza el vínculo explícito entre estas propuestas y la prevención del crimen (y menos de manera focalizada), por lo cual estas no son analizadas. En el caso de Alianza para el Progreso, como ya se mencionó, incluye en una misma propuesta sus medidas de prevención situacional y sus medidas de prevención social. Por lo tanto, su propuesta en materia de prevención social sería, precisamente, la mencionada medida de “corredores sociales seguros”, que incluye mejoras en vivienda, deporte, mercados formales y presencia estatal.
Dicho esto, se debe mencionar que únicamente País Para Todos y Fuerza Popular incluyen propuestas independientes en materia de prevención social de la delincuencia. El primero de estos partidos, conjuga su propuesta de prevención social con sus propuestas en materia de justicia juvenil, pues, tal como se observó en la sección dedicada a este aspecto, se enfocan en la “desvinculación” del joven de prácticas criminales. A esta propuesta, le añaden la implementación de un “modelo nacional de prevención comunitaria del delito”, que articule de manera obligatoria al MINSA (a través de servicios de salud mental comunitaria) y al MINEDU (mediante programas de prevención de la violencia y fortalecimiento de habilidades socioemocionales), con participación de gobiernos locales, y que esté orientado a reducir factores de riesgo y fortalecer factores de protección en población joven y adolescente.
Finalmente, Fuerza Popular propone varias medidas en materia de prevención social del crimen, como el lanzamiento del “Programa Nacional de Prevención Temprana”, que estaría liderado por la Presidencia de la República y que brindaría “programas deportivos, culturales y artísticos para niños y adolescentes con factores de riesgos en zonas de alta vulnerabilidad juvenil, con acompañamiento de tutoría, becas, formación técnica y orientación psicosocial”. Asimismo, señalan que promoverán escuelas deportivas como “herramientas de prevención y reintegración social de adolescentes en riesgo, en alianza entre la PNP, gobiernos regionales y locales y juntas vecinales”. Lanzarán también el programa “Empleo Joven con futuro” para reducir el ingreso de jóvenes a economías ilegales, e implementarán servicios integrales de prevención contra violencia escolar, reclutamiento juvenil por pandillas y violencia contra la mujer, a través de Brigadas de Autoprotección Escolar (BAES).
En suma, se observa que este eje no está suficientemente priorizado por la mayoría de los planes de gobierno, los cuales se enfocan en la solución de problemas de corto plazo, al punto que el tema no aparece en los planes de gobierno de Ahora Nación y de Renovación Popular. Entre los partidos que sí desarrollaron propuestas en este eje (País Para Todos, Alianza para el Progreso y Fuerza Popular), existen múltiples concordancias, pues todos apuestan por programas educativos y deportivos. Como matiz, solo Fuerza Popular incluye entre sus medidas preventivas una política de promoción del empleo, y únicamente País Para Todos aborda la cuestión de la salud mental como parte de la prevención social del crimen.
Finalmente, la Tabla 5 muestra un resumen de las principales propuestas de los partidos en materia de prevención social del crimen.
Tabla 5: Propuestas en materia de prevención social del crimen
Conclusiones
La evaluación de las propuestas en materia de seguridad ciudadana de los principales partidos políticos, analizada a la luz de los lineamientos del documento Agenda 2026: Seguridad ciudadana y política criminal del Estado (Pérez Guadalupe y Nuñovero, 2025), revela un escenario de ciertos contrastes, pues, si bien se observan avances significativos en la forma en que la clase política empieza a conceptualizar el fenómeno criminal, persiste una marcada distancia entre las urgencias estructurales del sistema penal y la viabilidad técnica de gran parte de las medidas propuestas. Un balance general de este análisis nos lleva a las siguientes conclusiones generales:
Por otro lado, resulta importante comparar una serie de medidas polémicas o ampliamente discutidas entre la opinión pública y la postura de cada partido respecto a ellas. Una de estas medidas es la derogatoria de las “leyes pro crimen”, que ya comentamos. Un segundo tema importante es la reorganización o reforma de la PNP. Sobre este punto, ningún partido propone un rediseño organizacional radical (por ejemplo, volver a crear una Policía de Investigaciones), sino que se proponen ciertos cambios al interior de la institución que varían en grado según el partido. País Para Todos, por ejemplo, sí menciona un “rediseño” organizacional de la PNP, aunque no especifica cómo sería este rediseño. Ahora Nación también propone una serie de cambios en el reglamento de la PNP, principalmente en materia disciplinaria y de admisión, así como el fortalecimiento de ciertas divisiones (DIVIAC y DIRCOCOR) y la eliminación y reorganización de ciertos grupos policiales. Alianza para el Progreso no propone mayores reformas ni rediseños en la PNP, pero propone devolverle capacidades de investigación preliminar. Finalmente, ni Fuerza Popular ni Renovación Popular proponen mayores reformas al interior de la Policía. Un tercer punto por resaltar es el rol que deben tomar las Fuerzas Armadas según cada partido. Ni Ahora Nación y ni País Para Todos mencionan a las Fuerzas Armadas en sus propuestas. En contraste, Fuerza Popular y Alianza para el Progreso proponen, de alguna manera, que las Fuerzas Armadas se encarguen del control provisional de ciertos penales. En cuarto lugar, en relación con la CIDH y la pena de muerte, como bien se viene diciendo, resalta que ningún partido propone la salida del Perú de la Corte, y tampoco la pena de muerte. De los cinco partidos, sin embargo, Ahora Nación es el único que reconoce la importancia de la CIDH y propone fortalecer las capacidades del sistema judicial para aplicar sus dictámenes.
Finalmente, es importante recoger propuestas disruptivas de los partidos, las cuales pueden generar polémica o ser inviables. En este grupo de propuestas, además de la mencionada entrega del control de ciertos penales a las Fuerzas Armadas, se encuentra la propuesta de País Para Todos de otorgarle capacidades de investigación penal a la SBS; la propuesta de Alianza para el Progreso de cobrar una fianza como “filtro” para iniciar un proceso judicial; la propuesta de Ahora Nación de hacer que la admisión a las Escuelas de Oficiales y Suboficiales sea supervisada por SUNEDU y MINEDU; y, la propuesta de combatir el “terrorismo urbano” a través de una alianza con Estados Unidos por parte de Renovación Popular.
Todos los temas relevantes aquí mencionados, así como la postura de cada partido, son resumidas en la Tabla 6.
Tabla 6: Postura de los partidos sobre medidas concretas y propuestas disruptivas halladas en los planes de gobierno
En definitiva, el análisis de los planes de gobierno de cara a las Elecciones Generales 2026 demuestra que, si bien la clase política ha comenzado a entender la naturaleza operativa y económica de la criminalidad contemporánea, las propuestas electorales aún carecen de la madurez e integralidad que la crisis de inseguridad exige. La negación sistemática a sincerar la inversión presupuestal necesaria para evitar el colapso penitenciario definitivo, sumada a la inacción frente a un marco normativo que facilita la impunidad de las economías criminales, revelan que muchas de estas iniciativas corren el riesgo de diluirse en el corto plazo. Superar esta crisis y garantizar la gobernabilidad no dependerá únicamente de la adquisición de nuevas tecnologías, reingenierías burocráticas o promesas de excepcionalidad militar, sino de la voluntad real para forjar una Política Criminal del Estado sostenida, que articule eficientemente a los tres poderes del Estado y a los distintos sectores políticos en pro del bienestar de todos los ciudadanos.
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