Perú es el segundo país receptor de población venezolana, tras Colombia, y el primero en el mundo en recibir solicitantes de refugio de dicha nacionalidad. Este artículo explora cómo la COVID-19 ha impactado en las condiciones de vida de esta población en Perú. Asimismo, se analiza el papel del Estado peruano en la producción de la irregularidad y cómo esta condición agudiza la vulnerabilidad socioeconómica de la población venezolana. Los resultados reflejan la participación activa del Estado en la producción de dicha irregularidad, principalmente, por restringir el acceso al sistema de refugio y no considerar la aplicación de la definición ampliada de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984, lo que ha provocado mayor vulnerabilidad socioeconómica, sobre todo durante la pandemia.
Copyright 2019 - Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico