A pesar de los avances internacionales para el reconocimiento del derecho al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas, distintos países de Latinoamérica se han resistido a una implementación efectiva de este derecho y, en su lugar, han implementado un estándar menos exigente de “consulta previa”. Este estándar muchas veces se traslapa con mecanismos generales de participación ciudadana, generando confusión en la gestión pública y profundización de las tensiones y los conflictos sociales alrededor de proyectos extractivos y de infraestructura. Sobre la base de un análisis comparado sobre el diseño y la implementación de la consulta previa en cuatro países de la región (Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia) y el estudio de procesos específicos de consulta previa en el Perú, en el presente documento se explica cómo los espacios institucionales de consulta buscan ser apropiados por las organizaciones indígenas para la inclusión de demandas sociales que van más allá de un proyecto en concreto. Como la institucionalidad existente es insuficiente para responder a tales demandas, se resalta la necesidad de formular propuestas de política pública más comprehensivas, donde los propios pueblos indígenas puedan ser agentes de cambio.
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