Un estudio reciente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) confirma que América Latina es la región con más empleos perdidos a causa del COVID-19, con un récord de 41 millones de desempleados hasta julio del 2020. Los altos niveles de informalidad en la región, y la precariedad laboral que enfrentan las y los trabajadores, ha agravado la situación de los más vulnerables y a su vez ha impedido que las decisiones para frenar la emergencia sanitaria tengan el efecto esperado. La población migrante y refugiada pertenece al grupo de la población más vulnerable a los impactos económicos y laborales de la emergencia sanitaria.
En Perú, el gobierno ha adoptado medidas de emergencia estrictas para contener la pandemia, implementando una cuarentena obligatoria de más de 3 meses y cerrando las fronteras nacionales. Los altos niveles de informalidad laboral de la población venezolana (93% trabaja en el mercado informal) y las barreras legales que enfrentan debido a su estatus migratorio, implica que las y los migrantes y refugiados han sido de los más afectados por las medidas de emergencia.
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