Roger Merino: “Todas las cuestiones relacionadas al medio ambiente están en franco retroceso”

Según Global Forest Watch, Perú es el quinto país del mundo y el tercero de Latinoamérica que más deforesta sus bosques primarios. Es innegable el impacto negativo que algunas actividades de los sectores económicos han generado en el medio ambiente, más aún si el Estado indirectamente promueve prácticas ilegales en las comunidades vulnerables y no implementa un mecanismo para frenar su colisión. Para comprender mejor estas cuestiones, conversamos con Roger Merino, investigador del CIUP, quien analizó el último mensaje a la nación enfatizando su casi inexistente compromiso ambiental.

En el reciente Mensaje a la Nación se comentó que para julio de 2025 se ejecutarán acciones con el fin de proteger más de un millón de hectáreas de bosques. ¿Cuál ha sido el avance en conservación de áreas naturales en los últimos años y qué tan factible ve esta promesa?

En primer lugar, debemos señalar que la presidenta mencionó que estas acciones se realizarán a través de mecanismos de transferencias directas condicionadas, no obstante, realmente no quedó claro a qué se refiere ni cómo se asumiría este costo. Uno puede pensar que hace mención al mecanismo de “pago por servicios ecosistémicos” o “retribución por servicios ecosistémicos”, en el cual una entidad pública o privada paga a una comunidad por su trabajo de conservar determinada área. Pero este mecanismo no se ha implementado de forma sistemática en nuestro país. Solo se conoce un caso evaluado positivamente en el departamento de San Martín, relacionado con la conservación de los recursos hídricos. Pero más allá de esto, no hay evidencia sustancial de que este mecanismo garantice la protección de más de un millón de hectáreas de bosques.

Sobre tu pregunta respecto al “avance de la conservación” es difícil de responder porque el gobierno no tiene indicadores claros ni información actualizada sobre el tema. ¿Nos referimos a las áreas naturales protegidas creadas en los bosques? ¿A la reforestación? ¿A la disminución de las tasas de deforestación? Lo que es cierto es que, según data de organizaciones internacionales, la tasa de deforestación en el Perú es muy alta, estamos solo debajo de Brasil y Bolivia. Según el Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), entre 2021 y 2023 la minería de oro ha causado la deforestación en casi 24,000 hectáreas.

¿Cuál es la situación actual del cumplimiento de leyes orientadas a la protección de comunidades indígenas?

Los derechos de los Pueblos Indígenas no están en la agenda del gobierno. Me refiero a los derechos más básicos, desde la seguridad alimentaria, la salud, hasta la libertad sexual pues la Amazonía sufre el azote del dengue, la crisis alimentaria y denuncias sistemáticas de violación sexual contra menores de edad. Nada de esto está siendo atendido de forma efectiva por el gobierno. Mucho menos las demandas históricas relacionadas a la remediación ambiental, la titulación de la propiedad colectiva y la consulta previa, temas que no tuvieron ninguna mención en el mensaje a la nación. Más aún, el gobierno ni si quiera ha aprobado la “Política Nacional de Pueblos Indígenas” cuya propuesta ya tiene años siendo revisada por diversas oficinas públicas.

Las acciones del gobierno y del Congreso, más bien, han ido en detrimento de los derechos de los Pueblos Indígenas. Por ejemplo, la promulgación de la llamada “Ley Antiforestal”, que no fue observada por el Ejecutivo, modificó la Ley Forestal y de Fauna Silvestre para “regularizar” la posesión de tierras que se obtuvieron de forma irregular, abarcando zonas deforestadas. Esto beneficia a empresas e individuos que han venido deforestando los bosques y que pueden alegar “tener posesión”, afectando directamente a los Pueblos Indígenas que tienen años buscando la titulación de su territorio.

Además del impacto climático, Perú se ha visto azotado este 2024 por las irregularidades de la minería ilegal y el daño que produce en las zonas naturales. ¿Cómo están respondiendo las autoridades peruanas a las demandas de protección del medio ambiente?

En su presentación en el Congreso, la presidenta mencionó que en el año 2023 se ejecutaron 729 operativos policiales de interdicción contra la minería ilegal y 1000 interdicciones en lo que va del 2024. En primer lugar, estos indicadores podrían considerarse de proceso, no de resultado. En un mensaje a la nación se esperaría que se presenten resultados referidos a cuánto bosque se ha recuperado producto de la lucha contra la minería ilegal. En segundo lugar, los operativos policiales no afectan a la minería ilegal porque no se están enfrentando los problemas de fondo: la desarticulación de las organizaciones de productores y la fiscalización de la cadena de suministro que va desde el ámbito local al mercado internacional.

En vez de aprobar e implementar una política dirigida a fiscalizar efectivamente a la minería ilegal y buscar la trazabilidad del mineral que es vendido internacionalmente, se hace todo lo contrario. Tanto el Congreso como el Ejecutivo mantienen la vigencia del Registro de Mineros Informales en Proceso de Formalización (REINFO), el cual permite que muchos mineros ilegales usen este mecanismo como un manto de legalidad que evita las sanciones penales y administrativas.

En esencia, el marco normativo creado para formalizar la minería ilegal está quebrado. No sirve para formalizar, sino para proteger a los mineros ilegales. Lo más grave es que no se observa ningún interés real en cambiar esta situación.

Hoy en día se ha instalado un nuevo enfoque global alineado a la conservación ambiental. ¿Cómo se abordó en el mensaje presidencial el tema de la transición energética y qué acciones viene tomando el gobierno sobre este asunto?

En el mensaje presidencial no se mencionó el tema de la transición energética, cuando es sumamente importante no solo para alcanzar nuestros compromisos ambientales internacionales sino también para mejorar la calidad ambiental y, por ende, el bienestar de la ciudadanía. El Perú es un país bastante afectado por la contaminación derivada de las energías fósiles. Según información del propio Ministerio de Salud, en diversas ciudades del país la contaminación del aire producto del parque automotor es hasta tres veces más alta que el umbral considerado como aceptable por la Organización Mundial de la Salud. Según la corporación experta en medición de calidad del aire en el mundo IQAir, el Perú es el país con la peor calidad del aire en Sudamérica.

Frente a esta realidad, en lugar de formular planes o políticas hacia la transición energética como se viene haciendo en países vecinos como Brasil, Chile o Colombia, el Perú hace todo lo contrario. No existen propuestas para actualizar el parque automotor, crear cinturones verdes en las ciudades y demás que puedan aliviar la contaminación del aire. No se piensa en nuevas instituciones que desde el Estado promuevan la transición energética. Por ejemplo, todo el debate sobre el futuro de Petroperú se ha centrado en el tema de la solvencia económica y la productividad de la empresa pública. No se ha discutido cómo esta empresa puede evolucionar hacia una que tenga también como objetivo fomentar la transición energética.

Por ejemplo, la Colombiana Ecopetrol y la Brasileña Petrobras han anunciado planes para desarrollar proyectos de generación de hidrógeno verde, en el marco de una transición energética justa. En el Perú, ni si quiera se ha remediado completamente alguno de los cientos de pasivos ambientales de hidrocarburos identificados en la Amazonía. Más bien una sentencia reciente del Tribunal Constitucional ha ordenado a Petroperú cumplir con el adecuado mantenimiento del Oleoducto Nor-Peruano. Es importante mencionar que la desidia en la adecuada gestión del oleoducto durante cinco décadas de operaciones ha generado decenas derrames de petróleo afectando gravemente los derechos humanos de comunidades indígenas.

Además del activismo social, diferentes organizaciones no gubernamentales se han manifestado sobre la vulnerabilidad de la conservación ambiental. ¿Cuál es la situación de los defensores ambientales y qué rol ha tenido el Estado respecto a su protección de derechos?

La situación de los defensores ambientales es grave. En los últimos 10 años que justamente comprenden el auge de las economías ilegales, se han reportado 35 líderes indígenas asesinados a nivel nacional, 5 de ellos durante el actual gobierno. Estos líderes son acosados, amedrentados y asesinados por defender sus bosques y tierras comunales frente al avance del narcotráfico, la minería ilegal y la tala ilegal.

La única herramienta especializada que tiene el Estado para hacer frente a esta situación es el Mecanismo Intersectorial para Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos. Este es un mecanismo de alerta temprana que busca una mejor coordinación entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio Interior, entre otros, con el fin de proteger a las personas que están en situación de riesgo. Este esfuerzo, sin embargo, resulta contradictorio cuando es el propio Estado que de forma directa o indirecta promueve la minería y tala ilegal a través de normas permisivas que limitan la fiscalización y sanción.

En general, todas las cuestiones relacionadas al medio ambiente están en franco retroceso. Tanto a nivel de políticas, normas e intervenciones públicas. Y esto es grave porque vivimos un contexto de crisis climática global, porque esta crisis profundiza las desigualdades a nivel local y porque, además, imposibilita la convivencia social y las aspiraciones de bienestar de la ciudadanía.

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