¿Qué balance hacer de la política en Perú en el 2024?, por Paula Muñoz

Artículo de opinión de Paula Muñoz, investigadora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP). Este texto fue escrito para el Espacio de Reflexión del boletín Punto de Equilibrio n°56.

Tal vez lo más notorio es que la pugna política entre Legislativo-Ejecutivo, que se inició en el 2016, y la pugna ideológica que escaló en el 2021, menguaron. En otras circunstancias, este apaciguamiento político -que tantos años nos mantuvo en incertidumbre- sería una buena noticia. No obstante, constatamos la consolidación de un pacto político dirigido desde el Congreso que profundiza tendencias ya presentes y deteriorando más la capacidad del Estado y la democracia. El 2024 confirma que la tregua ha sido perjudicial en varios planos.

Si bien desde el inicio de su período parlamentario en 2021 este Congreso se caracterizó porque los aparentes extremos ideológicos y fragmentado lograban coordinar y coincidir en votaciones puntuales, desde el 2023 emerge claramente un consenso mayor en el Legislativo. No tienen detrás una bandera ideológica, sino que se trata de políticos defendiendo agendas particulares de diferentes grupos de interés formales y no formales (informales, ilegales), y a los que los une fundamentalmente un pacto de impunidad para protegerse mutuamente. “Hoy por mí, mañana por ti”. De hecho, ya tenemos una Mesa Directiva del Congreso que reúne a los extremos ideológicos. 

El Congreso ya no enfrenta sino que co-gobierna con un Ejecutivo débil. Este pacto Congreso-Ejecutivo tiene como eje central un interés común por garantizar la impunidad de sus integrantes: dejar sin efecto, socavar o impedir las investigaciones judiciales por corrupción y violaciones a los derechos humanos. El Legislativo tiene claramente la sartén por el mango pues sostiene a una presidenta sin bancada, altamente impopular y que inauguró su gestión con serias acusaciones de violaciones a los derechos humanos de protestantes. La carta de la vacancia, a la que seguiría una investigación penal, sella el poder del Legislativo. Varias de las bancadas colocan a ministros de sus partidos o afines a sus intereses.

Este pacto tiene una serie de consecuencias dañinas. En primer lugar, se observa la pérdida de consensos y capacidades técnicas que siguen debilitando al Estado. El ataque discursivo contra la “tecnocracia”, que se inició el 2016 con un Congreso obstructor y se profundizó con el desastroso gobierno de Pedro Castillo, minaron (las ya pocas) reformas en curso. En este gobierno se deterioró la capacidad técnica de muchos sectores, al permitir el ingreso al Ejecutivo de personas que no cumplían con el perfil técnico requerido. Lejos de corregirse, este curso de acción se mantuvo y acentuó en el actual periodo por responder a presiones políticas del pacto. 

Tal vez lo más notable es el debilitamiento de áreas estatales clave para mantener la responsabilidad macroeconómica y en el gasto público. Lo que antes formaba parte de un sentido común técnico, hoy es cosa del pasado. No se trata de idealizar lo que teníamos, pues la forma de gestionar la economía y el Estado sin duda tenía muchas limitaciones que de varias formas incubaron la situación actual. Pero debemos resaltar cómo se vienen destruyendo las bases de una gestión económica responsable, con altos costos para otrora instituciones muy prestigiosas y con poder para vetar iniciativas populistas de gasto público, como el Ministerio de Economía y Finanzas. Si ya en comisiones del Congreso se escuchan visiones tan equivocadas como peligrosas de lo que debería hacer un Banco Central, ¿cuánto tiempo le queda a este como ente autónomo? 

En segundo lugar, este pacto ha logrado ha debilitado todavía más la democracia, luego del golpe de Castillo. Para poder erigirse y concentrar el poder, el pacto ha implicado un retroceso en varias dimensiones institucionales cruciales como el derecho a la libre asociación y participación ciudadana, la participación política, libertad de prensa y opinión, el respeto del Estado de Derecho e independencia de poderes, entre otros. Este proyecto ha avanzado gradualmente, copando instituciones democráticas clave a través de nombramientos cuestionables desde el Congreso. El Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y, más recientemente, la Junta Nacional de Justicia que asumirá el próximo año, son instituciones que podían poner contrapesos efectivos a su proyecto de concentración de poder.

De hecho, a estas alturas Perú ya no es propiamente una democracia sino un régimen autoritario híbrido. A nivel internacional, existe un consenso académico sobre la erosión democrática en curso en Perú. Tres prestigiosos índices que miden libertades democráticas a nivel internacional -Freedom House, V-DEM y The Economist Intelligence Unit (EIU)- coinciden en este sentido, señalando una disminución significativa en los indicadores que usan para el caso peruano. Más aún, The Economist califica a Perú como un régimen híbrido, desde el 2022. Freedom House hace lo mismo desde el 2023, considerando que Perú es solo “parcialmente libre”, que según este índice este año resalta por ser el país que lidera la tendencia de autocratización en América Latina. Para que no quepan dudas: peor que Venezuela. 

Más aún, el copamiento institucional ha sido acompañado por sucesivos cambios constitucionales (algunos aún en curso) y legales que buscan restringir la competencia política futura a las opciones representadas actualmente en el Congreso. Esto incluye el incremento de la barrera de inscripción partidaria, la anulación o atenuación de causales de cancelación de la misma, el establecimiento de un sistema bicameral con super Senado y reelección congresal, la eliminación de las Primarios Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), el golpe a paridad y alternancia horizontal, la posibilidad de postular a las elecciones regionales 2026 para los congresistas, y un largo etcétera.

En tercer lugar, la influencia de intereses particulares en la política del pacto está afectando la capacidad legal que teníamos para lidiar con los problemas más urgentes para la ciudadanía. Para poder garantizar la impunidad y perseguir fines particulares, el pacto ha aprobado y promulgado diversas leyes sin un debate amplio y transparente. Varias de estas normas buscan defender a partidos, personas y grupos de interés con nombre propio. La lista es larga. A modo de ejemplo, podemos mencionar la Ley 32054, que excluye de responsabilidad penal a los partidos políticos, la Ley 31990, que acorta excesivamente los plazos de la colaboración eficaz, o la Ley 31989, que debilita la capacidad de la policía para combatir la minería ilegal. 

Este proyecto político nos cuesta a todos y nos seguirá costando. La más notoria y discutida públicamente ha sido la Ley 32108, que hace más difícil combatir a la delincuencia organizada. A pesar del consenso de diversos especialistas y del pedido expreso de derogar la norma de los transportistas que vienen siendo extorsionados y asesinados en Lima, ni el Congreso ni el Ejecutivo revierten medidas. Enfrentamos un serio problema transnacional con autoridades más interesadas en defender sus intereses que a responder con políticas públicas sensatas a este gran reto. 

Reconstruir lo perdido enfrentará retos muy grandes. Lo que existía antes tenía fallas, pero lo que tenemos ahora es degradación política e institucional. Y puede empeorar. Estos grupos de interés no son tan débiles como sus rostros políticos, volátiles e irrelevantes; tienen mucha más capacidad de resistir y reproducir su poder en las próximas elecciones. Pueden repetir una mecánica de gobierno similar, manteniendo la agenda desreguladora, antitécnica y antidemocrática. Si alguno de estos grupos representados en el Congreso gana la presidencia, podrá reproducir esta forma de gobierno pactado haciendo concesiones. Y si alguien distinto gana, tendrá que enfrentar a un Congreso que ya aprendió a gobernar directamente. Para salir de esta profunda trampa, lo primero es llamar las cosas por su nombre, visibilizar el gran daño que este pacto nos viene generando y definir mínimos no negociables, independientemente de la posición ideológica que uno defienda, para reconstruir sobre mejores bases la institucionalidad del país.

Continúa leyendo Punto de Equilibrio n° 56: Análisis y proyección del Perú al 2025. Consulte aquí las ediciones pasadas del boletín Punto de Equilibrio.