La investigadora del CIUP, Cynthia Sanborn, analiza el panorama minero a un año del gobierno del presidente Pedro Castillo.
Hace un año, Pedro Castillo Terrones hizo historia como el primer campesino y maestro rural en convertirse en presidente del Perú. Aunque no fue la primera opción para la mayoría de votantes, Castillo logró sintonizar con la frustración de muchos peruanos que fueron duramente golpeados por la pandemia, y quienes se sintieron excluidos de los éxitos macroeconómicos previos del país. Esto fue especialmente notable en las regiones mineras de los Andes, donde Castillo recibió masivo apoyo electoral con promesas de extraer más recursos de la gran minería, defender los derechos de las comunidades indígenas y entregar infraestructura y servicios necesitados.
El nuevo gobierno tuvo a su favor proyecciones favorables para una recuperación económica, debido en buena parte al aumento de demanda para las exportaciones mineras. El Perú es el segundo productor más importante de cobre en el mundo, y una fuente importante de oro, plata, zinc y hierro también. La minería constituye alrededor de 60% de nuestras exportaciones, 10% del PBI y 20% de los ingresos tributarios, casi la mitad de las cuales van a las arcas de gobiernos regionales y municipales. Se estimaba que la gran minería iba a aportar casi US $3,000 millones en impuestos este año, el doble del año previo a la pandemia.
Sin embargo, los conflictos sociales asociados a la minería han puesto un freno en estas proyecciones. Dos de las minas más grandes del país, Las Bambas y Cuajone, que sumadas producen 20% de nuestras exportaciones de cobre, han sido paralizadas durante largos periodos este año debido a protestas y bloqueos. Según la SNMPE, el Perú perdió un estimado US $770 millones en producción en la primera mitad de este año, y en junio el BCR bajó sus proyecciones para 2022 debido al débil desempeño del sector minero.
¿A qué se deben las protestas? Obviamente no comenzaron con este gobierno. Desde hace más de 20 años, la expansión de la gran minería se ha realizado en contextos de pobreza, y donde inevitablemente genera grandes disrupciones; desde las compras de tierras y reubicación de comunidades, a la construcción y operación de las minas y el transporte diario de toneladas de minerales. Con o sin procesos de consulta previa, los gobiernos de turno han promovido la inversión minera alimentando expectativas de mejora en la vida de las comunidades cercanas. No solo a través de los ingresos que sus gobiernos locales recibirán, sino también con diversas formas de beneficio directo – nuevos empleos, hospitales y escuelas, sistemas de agua y saneamiento, carreteras mejoradas, y un largo etcétera. Promesas repetidas en mesas de diálogo y acuerdos firmados. Promesas, sin embargo, que en demasiados casos son incumplidas, pues mientras los ministros y negociadores vienen y se van, los proyectos se estancan y la desconfianza se acumula.
Este gobierno prometió ser diferente. “Palabra de maestro” y campesino, Castillo comenzó con un primer ministro proveniente del distrito de Chumbivilcas, en Cusco, quechua hablante y conocedor de estas realidades. Pero diversos factores han llevado a que las protestas recrudezcan. En primer lugar, está el nivel de inestabilidad e improvisación política en general, con más de 50 cambios de ministros en menos de un año, incluyendo cinco hasta la fecha en el Ministerio de Energía y Minas, y con ello una incapacidad de fijar objetivos y gastar la mayor parte del presupuesto público de inversiones, justamente en las obras y servicios que estas comunidades más necesitan.
El papel de la minería en las prioridades del gobierno, además, ha sido poco claro. Por un lado, el presidente asegura a los inversionistas privados que son bienvenidos. Incluso, en junio, el Perú envió una delegación importante al Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), el congreso minero más importante del mundo, para “consolidar la identidad minera del país”, al poner en vitrina nuevos proyectos mineros valorizados en US $4,417 millones y una cartera de 63 proyectos de exploración en 17 regiones.[1] Pero por el otro lado, el Ejecutivo ha tenido una posición ambigua respecto a los procesos de cierre de minas, y la bancada de Perú Libre en el Congreso, ha propuesto legislación para nacionalizar todo el sector minero y regresar a las empresas estatales del pasado, propuesta que no ha sido objetada hasta ahora por el presidente.
En un contexto como este, brotan las frustraciones. La desilusión ha sido especialmente notable en las comunidades directamente afectadas por la minería. Mientras sus líderes esperaban negociar en mejores términos con este gobierno, sus reclamos han sido postergados por otras urgencias, lo cual provoca a su vez protestas más radicales, incluyendo cierre de carreteras, incendios provocados y toma de sitios de operación. Frente a estos actos, el gobierno ha respondido como sus antecesores, extendiendo estados de emergencia y enviando las fuerzas del orden, generando otro círculo vicioso de desconfianza y violencia.
En la mayoría de casos, lo que está en disputa son problemas de larga data que las empresas y las comunidades no pueden resolver solos, y con tanta asimetría de poder de por medio. También está el cumplimiento de derechos y servicios básicos de la población que corresponde al Estado garantizar. Pero de parte de este gobierno no ha habido liderazgo ni estrategia clara, tampoco personas con experiencia en puestos claves para la gestión de conflictos. Entonces, los empresarios reclaman por los días perdidos de operación y el vandalismo, y los trabajadores mineros también reclaman por los días perdidos. Las autoridades regionales y locales están descontentas porque pierden ingresos y empleo local – solo Las Bambas aporta el 78% del PBI de Apurímac, por ejemplo. Hasta el Embajador de China en el Perú ha salido de su usual protocolo para pedir al gobierno que haga mejor su trabajo en el caso de Las Bambas, la cual también es la operación minera más grande en manos de una empresa china en el mundo.[2]
En menos de un año, las encuestas de opinión pública muestran el hartazgo y frustración de la mayoría de peruanos con este gobierno, cuyas acciones están cada vez más en modo de sobrevivencia. Quizás el principal factor que los mantienen en el poder es el mayor rechazo popular hacia el Congreso. Perú necesita a gritos un Estado más capaz y consistente, con funcionarios experimentados y estrategias de prevención y gestión de conflictos que duran en el tiempo. La mayoría de conflictos no son suma cero, sino buscan una convivencia entre la actividad minera y otras, de las cuales muchos más peruanos dependen. Y donde hay un rechazo a la minería, también necesitamos autoridades que escuchan a los ciudadanos y no traten de imponer estas inversiones por encima de ellos. Pero es poco realista esperar que nuestro Estado cambie en el corto plazo, si no logramos elegir gobiernos con mayor capacidad, además de representatividad.
[1] https://www.gob.pe/institucion/minem/noticias/622691-pdac-2022-delegacion-peruana-dio-campanazo-en-la-bolsa-de-valores-de-toronto
[2] https://rpp.pe/peru/actualidad/embajador-de-china-en-el-peru-afirma-que-las-bambas-no-esta-dispuesta-a-dar-mas-dinero-a-comunidades-noticia-1412763
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