Artículo de opinión de María Amparo Cruz Saco, investigadora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP). Este texto fue escrito para el Espacio de Reflexión del boletín Punto de Equilibrio n°56.
La introducción del sistema privado de pensiones (SPP) debe reconocerse como un cambio institucional que puso de manifiesto una diversidad de problemáticas. Acá consideramos solo una: la relación entre el déficit previsional y la cobertura e insuficiencia de las pensiones del SPP. El gasto previsional se redujo a pesar del pago de los bonos de reconocimiento, la modesta elevación en los beneficios de la ONP, y la creación de Pensión 65 (P65) que es un beneficio no contributivo para adultos mayores en situación de pobreza.
Se alcanzó una reducción importante del déficit previsional mediante la supresión de admisión al DL 20530 o régimen de Cédula Viva, una mejora sustantiva en la administración de la ONP, y la ausencia de una pensión mínima garantizada en el SPP — a diferencia de la pensión mínima de la ONP —. El financiamiento de la propuesta para una pensión mínima garantizada en el SPP generó un conflicto de intereses entre hacedores de políticas, gremios, afiliados, congresistas, actores en la industria, regulador y supervisores que no se resolvió durante más de 30 años.
La reducción del déficit previsional de la ONP y del SPP (excluye el sistema previsional de las fuerzas armadas y del magisterio) fue el resultado neto de una sucesión de intervenciones. Pero esta reducción, que en su momento apoyó la disciplina fiscal, es temporal. La situación previsional es un tema crítico en vista del rápido envejecimiento y la ausencia de pilares de cobertura adicionales al pilar familiar tradicional, bastante empobrecido.
Es posible presagiar el incremento futuro de la carga financiera del Estado para apoyar el financiamiento de los adultos mayores. En el año 2024, esta población representa el 10% del total y en el año 2050, representará por lo menos el 25% del total. Cuando los actuales afiliados que cotizan regularmente lleguen a la edad de jubilación, sólo 2 a 3 de 10 trabajadores contarán con una pensión contributiva. Ello debido a que la cobertura activa (de los trabajadores actuales) es solo una cuarta parte de la fuerza laboral, una de las más bajas en América Latina — en parte, por la gran informalidad del empleo —.
En el corto plazo, después del séptimo retiro de los ahorros provisionales recientemente autorizado, 9 de 10 afiliados al SPP han agotado sus fondos de ahorro. Las personas jóvenes con empleo formal posiblemente podrán reiniciar su ahorro previsional a partir del siguiente año, sin embargo, devengarán pensiones más bajas de las que hubieran tenido de no haber retirado sus fondos. El tema es más serio para las personas cuyas edades son cercanas a la edad de jubilación. El riesgo de caer en pobreza durante la vejez se ha multiplicado porque cerca del 40% no tiene saldo en sus cuentas individuales.
La suma de una reducida cobertura, siete retiros de los ahorros en el SPP y una débil tasa de crecimiento económico que ha elevado la informalidad, entre otros, cuestionan la efectividad del arreglo previsional con inclusión del SPP. El corto-plazismo de las decisiones, las demoras en introducir reformas oportunas, la concentración de la industria y la alta conflictividad se alzaron como efectivas barreras que hacia fines del año 2024 truncaron las buenas intenciones de la reforma estructural de 1992.
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