De acuerdo con el Ranking Global de Competitividad 2019 elaborado por el World Economic Forum (WEF), a la cima de los 15 países con mayor nivel de percepción de corrupción en el sector público del mundo América Latina aporta diez. El Perú se ubica en la séptima posición del ranking latinoamericano y por ello no es de extrañar el resultado de un sondeo reciente: el 61 % de los encuestados piensa que la corrupción es el principal problema del Perú, y el 24 % señala que el próximo jefe de Estado debería enfocarse en su erradicación, siendo esta su expectativa más importante, incluso por encima de la salud pública y el control de la COVID-19 (Ortiz, 2020).
Pero no se trata solo de percepciones o expectativas, los costos asociados a la corrupción también son alarmantes. Recientemente, la Contraloría hizo pública la estimación de pérdidas que en 2019 ocurrieron por actos corruptos en sectores estratégicos para el desarrollo del país como transportes, salud y educación, siendo un aproximado del 3 % del PBI nacional, es decir, S/ 23 mil millones (Contraloría de la República, 2020). Estos recursos pasaron a engrosar el patrimonio ilícito de unos cuantos funcionarios y personas privilegiadas que rara vez son sancionadas y que impunemente privan a los ciudadanos del acceso a servicios básicos. No en vano, en los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, principalmente en sus decisiones de los años 2009 y 2018, se ha ratificado que existe un vínculo sustantivo entre derechos humanos y lucha contra la corrupción (Nash, 2018). Además, se reconoce que la corrupción mina la democracia y las instituciones públicas, aumenta las inequidades y la degradación del medio ambiente, entre otras consecuencias negativas (Köbis, van Prooijen, Righetti y Van Lange, 2016; Tavits, 2010).
Si entendemos la corrupción como “el mal uso del poder público o privado para obtener un beneficio indebido, económico, no económico, o ventaja, directa o indirecta, por agentes públicos, privados o ciudadanos, vulnerando principios y deberes éticos, normas y derechos fundamentales (Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, 2018)”; y reconocemos que el fenómeno excede a la “gran corrupción” —actos como el financiamiento empresarial de campañas políticas a cambio de mega contratos y acomodo de regulaciones— para anclarse también en una esfera más “menuda” —acciones que van desde el pago por agilizar un trámite o conseguir un documento, hasta vender fallos judiciales de poco o gran calado—. Si a ello le sumamos su carácter no limitado al relacionamiento público-privado, sino su expansión a los intercambios entre privados —por ejemplo, cuando un proveedor privado “paga una cuota” para que el Gerente de compras de una empresa privada lo prefiera sobre otro proveedor—; es comprensible que el problema de la corrupción en el Perú se defina como sistémico, multidimensional y complejo.
Los adjetivos “sistémico”, “multidimensional” y “complejo” que describen a la corrupción en nuestro país no son un tema menor, pues incluso el científico político Samuel Huntington, quien postulaba que cierto nivel de corrupción podía ser beneficioso para la sociedad, reconocía en 1968 que una sociedad con corrupción generalizada probablemente no obtendrá ningún beneficio, ya que cuando la corrupción es sistémica distorsiona los incentivos, socava las instituciones y redistribuye la riqueza y el poder en forma injusta. En nuestro país, aquejado por la corrupción sistémica, se comprometen el derecho de propiedad, el imperio de la ley y los incentivos a la inversión; adicionalmente, el desarrollo económico y político se paralizan. Ningún beneficio se puede obtener de la existencia de esta normalización de la acción corrupta.
¿Cómo enfrentar entonces un problema tan complejo? El objetivo de este artículo de opinión es recorrer brevemente las propuestas relacionadas con el combate a la corrupción, pero llamando la atención en la necesidad de mirar al individuo en el entendido de que la corrupción nace de procesos individuales (Tavits, 2010). Las ideas presentadas en el artículo se organizan en tres secciones. La primera describe las rutas en la lucha contra la corrupción. La segunda ubica teóricamente el debate en torno a algunos fenómenos psicosociales en la corrupción que resultan relevantes para combatirla. Finalmente, se proponen temas de reflexión sobre los asuntos tratados.
Los caminos en la lucha contra la corrupción
Acotada a ciertas organizaciones
De acuerdo con Robert Klitgaard, Ronald MacLean-Abaroa y H. Lindsey Parris (2000), el que la opinión pública de los países introduzca en la agenda la necesidad de combatir la corrupción y que los grupos políticos incluyan el asunto en sus propuestas electorales, es el inicio de la lucha por su erradicación. La toma de conciencia es una primera etapa que se complementa con el análisis de los sistemas en que se producen las prácticas corruptas. En conjunto, la toma de conciencia y el análisis de los sistemas promueven la implementación de reformas en la administración pública que buscan abordar el fortalecimiento de las capacidades, la transparencia de la información, los incentivos y la competencia.
Algunas medidas específicas para combatir la corrupción en estos estadio iniciales son: 1) la selección de funcionarios públicos basándose en su competencia y honestidad; 2) crear incentivos para premiar los proyectos y contratos de adquisición que den los mejores resultados, sancionándose a quienes den o reciban sobornos; 3) recopilar información sobre las posibilidades de corrupción en diversas etapas: información sobre sistemas de licitación, costos comparativos, estilo de vida de las personas implicadas; 4) fomentar la competencia; 5) circunscribir el arbitrio oficial, por ejemplo, mediante estudios objetivos y normas claramente definidas sobre los procedimientos administrativos y de adquisición; y 6) establecer códigos de conducta, organizar campañas publicitarias y alentar la reputación basada en la honestidad de las empresas, de modo que se ponga de relieve el costo moral de la corrupción. En el Perú, lentamente nos encontramos avanzando en esa dirección. A la fecha se cuenta con una Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción (DS 092-2017-PCM), con un Plan Nacional Anticorrupción 2018-2021 (DS 044-2018-PCM), y con una Secretaria de Integridad Pública. Asimismo, el 23 de mayo de 2018, el Gobierno central emitió el DS 056-2018-PCM, en el cual se aprueba la Política General del Gobierno al 2021; dentro de sus ejes y lineamientos prioritarios, se consideran la integridad y lucha contra la corrupción.
Sin embargo, si bien las medidas listadas e impulsadas por el marco normativo suelen funcionar en contextos en los que los actos corruptos se circunscriben a actores u organizaciones identificados, cuando la corrupción se convierte en la norma, la concientización y la prevención fracasan, y la voluntad política no se suma en la lucha, es decir, cuando la corrupción es sistémica, su erradicación resulta más compleja y las medidas descritas pueden no surtir efecto. En esas circunstancias, según señala Philip Heymann (1996), además de fortalecer a las instituciones públicas, es menester debilitar a las instituciones corruptas. Ello puede conseguirse a través de la infiltración de “células no contaminadas” en los sistemas corruptos, y por medio de la participación de diversos grupos de actores: ciudadanos, prensa, grupos religiosos, grupos empresariales conscientes, en el desmantelamiento del sistema, en esa tarea la actuación de la contraloría, el Ministerio de Justicia o la policía es de canalización de estos procesos. También se observan, desde el Ministerio Público, la Policía Nacional y otros agentes, acciones en esa línea, por ejemplo, a través de la activación de colaboración eficaz.
Los fenómenos psicosociales en la corrupción
Los caminos descritos para combatir la corrupción han sido estudiados fundamentalmente desde las ciencias políticas y la economía (Tavits, 2010). Sin embargo, y reconociendo el valioso aporte de esas aproximaciones para la atención del problema de la corrupción, especialmente cuando esta es sistémica, hace falta comprender las motivaciones o procesos individuales que conducen a la actuación corrupta (Tavits, 2010). Ello se propone ya que la erradicación de la corrupción —o su supervivencia en escala reducida—, implica una renovación moral, un cambio cultural y una mayor conciencia (Klitgaard et al., 2000). Procesos transformadores como los mencionados son difíciles de implementar a nivel práctico —¿cómo se podría organizar una renovación moral?— y solo pueden comenzar a operacionalizarse a partir de un conocimiento profundo del individuo. Después de todo, la corrupción resulta de las decisiones tomadas por los individuos (Gorsira, Steg, Denkers y Huisman, 2018; Tavits, 2010).
En ese sentido, las perspectivas recogidas desde de la ciencia política y la economía resultan insuficientes; de hecho, esta última disciplina se ha aproximado al ser humano examinándolo fundamentalmente como un agente racional, tomando poco en cuenta las motivaciones que no son de índole monetaria, para explicar su actuar corrupto, omitiendo así los procesos psicosociales intra e interpersonales que se activan en la toma de decisiones (Julián y Bonavia, 2017; Köbis, van Prooijen, Righetti y Van Lange, 2016). La perspectiva individual en el análisis de la corrupción ofrece una visión complementaria a lo que ya se sabe de ella, y suma en la formulación de las estrategias de lucha contra la corrupción.
Köbis et al. (2016) consideran a la corrupción como un dilema social y la explican bajo las dinámicas microindividuales. El funcionario se enfrenta al dilema de decidir si abusa de su poder beneficiándose (acto corrupto) o lo ejerce adecuadamente respetando el interés colectivo (acto íntegro). Para decantarse por una u otra alternativa, el individuo forma una representación mental de la(s) futura(s) consecuencia(s) de cada curso de actuación, y su decisión también será influenciada por el contexto relacional; es decir, si actúa solo (individual) o actúa en complicidad con terceros (interpersonal), y por una serie de dinámicas psicológicas intrapersonales como el análisis de costos y beneficios, el sentimiento de culpa y el autocontrol, e interpersonales como el acatamiento de las normas sociales y la confianza.
En el contexto latinoamericano, los estudios apuntan a la influencia de las macroestructuras (como sistema de valores o estructuras de Estado) en el comportamiento de los sujetos (Julián y Bonavia, 2017). Así, se concibe a la corrupción como una problemática de carácter ético (Julián y Bonavia, 2017) y/o de integridad que emerge cuando dos códigos éticos entran en conflicto: a) ética tribal: se prioriza la supervivencia del propio grupo (p.e., la familia, partidos políticos) y b) ética moderna: los funcionarios públicos deben centrarse en atender el interés general de la población, independientemente de sus lazos tribales o familiares. Siguiendo ese enfoque, la ética tribal sirve como justificación ante acciones corruptas del grupo afín (Julián y Bonavia, 2017). Por otro lado, la corrupción también se explica por la debilidad de los valores éticos en las sociedades. Bajo tal vulnerabilidad, los sujetos son propensos a la falta de desarrollo moral y ético que los haga capaces de reconocer lo que es indebido y evitarlo (Julián y Bonavia, 2017; Díaz, 2003).
Las anteriores aproximaciones resultan cruciales para la formulación de estrategias contra la corrupción. Una alternativa versa en torno a la reflexión ética permanente y el diseño de acciones orientadas al desarrollo o fortalecimiento del razonamiento ético del individuo. Dentro del razonamiento ético, por ejemplo, el autoconcepto (como uno se percibe) cumple un rol crucial, pues si se posee conciencia de valores éticos, una conducta deshonesta entraría en conflicto con el autoconcepto del sujeto, por lo que conlleva a reducir la frecuencia del acto; mientras que los actos deshonestos en una persona con carencia de conciencia de valores éticos no tendrán efecto en su autoconcepto, haciendo que dicha conducta sea más frecuente; e incluso justificada (Julián y Bonavia, 2017; Köbis et al., 2016).
Sumado a lo mencionado previamente, la perspectiva microindividual da luces sobre las diferencias individuales de las personas, por lo que también influye en la toma de decisiones. De tal manera que resulta sumamente relevante para controlar la corrupción trabajar aspectos como el autocontrol y el altruismo, entre otras variables. Por ejemplo, el autocontrol contribuye a que el individuo pueda “resistir la tentación” de actuar de manera egoísta y no pensar en su propio interés cortoplacista. De la misma manera, a nivel interpersonal, este factor psicológico ayuda a que los individuos no se involucren en actos corruptos. Por el contrario, si se carece de autocontrol, el sujeto estará más dispuesto a cooperar con otros agentes corruptos, más aún si estos tienen cierto grado de cercanía (Köbis et al., 2016).
Lo mencionado hasta aquí sugiere que para la lucha contra la corrupción, además del abordaje institucional, es imprescindible estructurar una aproximación basada en el desarrollo ético y moral; por ejemplo, a través de la formación de ciudadanía y democracia, teorías éticas, acción participativa, creación de condiciones de autonomía y de ejercicio de la libertad, políticas de prevención y el fomento de lazos de solidaridad, que no solo prevenga, sino que evite la tolerancia y la sensación de complacencia a la corrupción y que sea transversal a las distintas esferas sociales (cultura, política, educación, etc.) (Díaz, 2003; Julián y Bonavia, 2017).
Reflexiones finales
Bibliografía
Contraloría General de la República (2020). Contraloría presentó “Cálculo del tamaño de corrupción y la inconducta funcional en el Perú”. Recuperado de http://www.contraloria.gob.pe/wps/wcm/connect/cgrnew/as_contraloria/prensa/notas_de_prensa/2020/lima/np_628-2020-cg-gcoc
Díaz, Á. (2003). Ética y corrupción. Lo público y la democracia. Convergencia. Revista de Ciencias Sociales, 10(31), 141–151. Recuperado de https://www.redalyc.org/pdf/105/10503107.pdf
Julián, R. M., & Bonavía, T. (2017). Aproximaciones Psicosociales a la Corrupción: Una Revisión Teórica. Revista Colombiana de Psicología, 26(2), 231-243. https://doi.org/10.15446/rcp.v26n2.59353
Gorsira, M., Steg, L., Denkers, A., & Huisman, W. (2018). Corruption in Organizations: Ethical Climate and Individual Motives. Administrative Sciences, 8(1), 1–19. https://doi.org/10.3390/admsci8010004
Heymann, P. B. (1996). Democracy and Corruption. Fordham International Law Journal, 20(2), 323–346. Recuperado de https://ir.lawnet.fordham.edu/ilj/vol20/iss2/1/
Klitgaard, R., MacLean-Abaroa, R., & Parris, H. L. (2000). Corrupt Cities: A Practical Guide to Cure and Prevention. Oakland: ICS Press and World Bank Institute.
Köbis, N. C., van Prooijen, J.-W., Righetti, F., & Van Lange, P. A. M. (2016). Prospection in individual and interpersonal corruption dilemmas. Review of General Psychology, 20(1), 71–85. https://doi.org/10.1037/gpr0000069
Nash, C. N. (2018). Derechos Humanos y Corrupción. Un enfoque multidimensional. Estudios De Derecho, 75(166), 137–162. https://doi.org/10.17533/udea.esde.v75n166a07
Ortiz, S. (2020). El 24% cree que el próximo presidente debe priorizar la lucha contra la corrupción. El Comercio. Recuperado de https://elcomercio.pe/politica/encuesta-el-comercio-ipsos-el-24-cree-que-el-proximo-presidente-debe-priorizar-la-lucha-contra-la-corrupcion-elecciones-2021-noticia/?ref=ecr
Tavits, M. (2010). Why Do People Engage in Corruption? The Case of Estonia. Social Forces, 88(3), 1257–1279. https://doi.org/10.1353/sof.0.0288
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