Artículo de opinión de Francisco Galarza, jefe del Departamento Académico de Economía de la UP e investigador del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP). Este texto fue escrito para el Punto de Equilibrio n°58.
Los bosques cubren el 31% de la superficie terrestre y 5 países concentran el 54% del área forestal global: la Federación Rusa, Brasil, Canadá, Estados Unidos de América y China. Desde 1990, el mundo ha perdido 420 millones de hectáreas (Mha) de bosques debido a la deforestación—la conversión de bosques a otros usos del suelo (FAO, 2020)—una extensión equivalente a 3.26 veces el tamaño del Perú.
Perú es el noveno país con mayor cubierta forestal en el mundo y el segundo con mayor extensión de bosques tropicales en América del Sur (FAO y UNEP, 2020; INEI y SERFOR, 2021). Los bosques cubren el 57.3% de su territorio. Entre 2001 y 2021, el país perdió 2.77 Mha de cubierta forestal (MINAM, 2022), un área ligeramente menor que Haití y equivalente a dos tercios del tamaño de Suiza.
Cuando los bosques crecen, los árboles capturan carbono del aire y lo almacenan en la madera, la materia vegetal y debajo del suelo. Sin embargo, cuando los bosques son eliminados permanentemente, ese carbono se libera a la atmósfera en la forma de dióxido de carbono, impidiendo que continúen funcionando como sumideros de carbono en el futuro. Desde 1850, aproximadamente el 30% de todas las emisiones de dióxido de carbono—el principal gas de efecto invernadero asociado al cambio climático—han sido producto de la deforestación (Le Quéré et al., 2018). Además, la deforestación conlleva la pérdida de biodiversidad y del patrimonio natural.
Para preservar la biodiversidad y promover el manejo forestal sostenible, los países han implementado al menos tres estrategias institucionales: la creación de áreas naturales protegidas, la titulación de tierras y los programas de pagos por servicios ecosistémicos. En varios países de la región, incluido el Perú, la creación de áreas protegidas parece haber contribuido a mitigar la deforestación (e.g., Barber et al., 2014; Miranda et al.; Pfaff et al., 2015; Aguirre et al., 2021).
Desde una perspectiva de políticas públicas, una pregunta cada vez más recurrente es en qué medida las instituciones—entendidas como reglas de juego que gobiernan las interacciones sociales, políticas y económicas (North, 1991)—pueden contribuir a mitigar la deforestación. Factores como la capacidad para hacer cumplir la ley, la efectividad gubernamental y la provisión de servicios son clave en esta discusión. Estudios como el de Moreira-Dantas y Söder (2022), basados en datos de más de 100 países, verifican que una mayor efectividad gubernamental y una menor percepción de corrupción están correlacionadas con menores niveles de deforestación.
Sin embargo, estos resultados agregados no consideran las dinámicas internas que pueden explicar la variabilidad de la deforestación dentro de cada país. En América Latina, algunos estudios han abordado esta cuestión a nivel municipal, como Bonilla-Mejía e Higuera-Mendieta (2019) para Colombia y Benzeev et al. (2022) para Brasil. No obstante, estos análisis dejan preguntas abiertas: el primero se centra exclusivamente en un mecanismo institucional específico (las áreas protegidas), mientras que el segundo examina de manera aislada ciertos aspectos de gobernanza local y su relación con la deforestación a nivel distrital. Mientras algunos de estos factores se asocian con una menor deforestación, otros muestran la relación opuesta.
Conscientes de estas limitaciones, Galarza et al. (2023) estudian el caso del Perú mediante la construcción de un indicador compuesto de instituciones a escala distrital. Este indicador refleja la importancia de la provisión de servicios por parte de las organizaciones municipales (donde una mayor provisión implica menores incentivos para deforestar) y los niveles de vida de la población. Los resultados sugieren que contextos institucionales más sólidos están asociados con menores tasas de deforestación, aunque esta relación se debilita en áreas con menor conectividad terrestre o fluvial, lo que se conoce como el efecto directo de las instituciones.
Un aspecto clave en la mitigación de la deforestación es la existencia de efectos indirectos, o externalidades, de las instituciones. Estas pueden surgir cuando los factores que explican la deforestación están correlacionados entre unidades geográficas (por ejemplo, distritos de una misma provincia con instituciones históricamente débiles) o cuando los niveles de deforestación en áreas vecinas están interconectados, generando “oleadas” de deforestación.
La pregunta central es cuánta deforestación se debe al efecto directo y cuánta al efecto indirecto. Mientras mayor sea el efecto indirecto, mayores serán las oportunidades para generar sinergias en las intervenciones que fortalezcan los contextos institucionales en una localidad y su impacto sobre áreas vecinas. Aplicando métodos de econometría espacial, Galarza y Amaya (2025) separan el efecto directo (derivado de una regresión convencional) del efecto indirecto (considerando una regresión espacial) en la relación entre instituciones y deforestación en la Amazonía peruana. Sus hallazgos indican que las externalidades explican la mayor parte del efecto total (efecto directo + efecto indirecto), lo que representa una oportunidad para los tomadores de decisiones, pues refuerza la importancia de enfoques coordinados y estratégicos para la conservación de los bosques.
REFERENCIAS
Aguirre, J., Guerrero, E., Campana, Y. (2021). “How effective are protected natural areas when roads are present? An analysis of the Peruvian case,” Environmental Economics and Policy Studies, 23: 831-859.
Benzeev, R., Wilson, B., Butler, M., Massoca, P., Paudel, K., Redmore, L., Zarbá, L. (2022). “What’s governance got to do with it? Examining the relationship between governance and deforestation in the Brazilian Amazon,” PLoS ONE, 17(6): e0269729.
Bonilla-Mejía, L., Higuera-Mendieta, I. (2019). “Protected Areas under Weak Institutions: Evidence from Colombia,” World Development, 122: 585-596.
FAO (2020). Global Forest Resources Assessment 2020. Roma.
FAO y UNEP (2020). The State of the World´s Forests: Forests, Biodiversity and People. Rome.
Galarza, F., Amaya, J. (2025). “Externalidades en la deforestación en la Amazonía peruana.” Mimeo.
Galarza, F., Kámiche, J., Gómez, R. (2023). “Roads and Deforestation: Do Local Institutions Matter?,” PEA Working Paper 192.
INEI y SERFOR (2021). Cuenta de Bosques del Perú:Documento Metodológico. Lima.
Le Quéré, C. et al. (2018). “Global Carbon Budget 2016,” Earth Systems Science Data, 8(2). doi:10.5194/essd-8-605-2016.
Ministerio del Ambiente--MINAM (2022). Plataforma de monitoreo de cambios sobre la cobertura de los bosques (GEOBOSQUES).
Moreira-Dantas, I. R. y Söder, M. (2022). “Global deforestation revisited: The role of weak institutions,” Land Use Policy, 122: 106383.
North, D. (1991). “Institutions,” Journal of Economic Perspectives, 5(1): 97–112.
Barber, C., Mark. C., Souza Jr., C., Laurance, W. (2014). “Roads, deforestation, and the mitigating effect of protected areas in the Amazon,” Journal of Biological Conservation 177: 203-209.
Miranda, J. J., Corral, L., Blackman, A., Asner, G., Lima, E. (2016). “Effects of Protected Areas on Forest Cover Change and Local Communities: Evidence from the Peruvian Amazon,” World Development 78: 288-307.
Pfaff, A., Robalino, J., Herrera, D., Sandoval, C. (2015). “Protected areas’ impacts on Brazilian Amazon deforestation: examining conservation – development interactions to inform planning,” PloS ONE, 10(7): e0129460
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