Carlos Casas: "La conflictividad impide tener el panorama claro a un mediano o largo plazo"

Conversamos con Carlos Casas, profesor principal del Departamento Académico de Economía e investigador CIUP, detalló los avances en cuanto a la ejecución e inversión presupuestal de los gobiernos nacional, regionales y locales. Asimismo, pudimos analizar cómo se ha movido el consumo y la inversión en un primer semestre marcado por el ruido político y la conflictividad social y lo que se espera de cara la segunda mitad del 2023.

A mayo, la ejecución presupuestal fue de 16.19%, en gobiernos regionales el 13.39% y en gobierno nacional 20.8%, ¿cuál es el estado actual de la ejecución presupuestal promedio?

En general, tenemos que mencionar una cierta estacionalidad en la ejecución de presupuesto. El primer semestre suele ser bastante flojo y, en el segundo, más dinámico; lo cual no es una buena práctica porque el gasto debería ser lineal. Lo que tenemos, en este instante, cuando se revisan los datos, es que el gobierno nacional ha ejecutado 47% de su presupuesto, los locales 44% y los locales 34.9% (presupuesto total). A casi finales de julio, estamos atrasados, si consideramos que los gobiernos locales han ejecutado solo 1/3 de su presupuesto; el gobierno nacional no está tan atrasado como el regional; y en gobiernos regionales, debemos considerar el pago de remuneraciones, principalmente en Salud y Educación.

Cuando vamos a inversiones, que es lo que realmente siempre se analiza, vemos que cambia la figura. El gobierno nacional ha ejecutado casi el 34%, los gobiernos regionales el 25% y los locales 27.7%. El gasto de inversión, considerando las necesidades existentes, la necesidad de reactivar la economía y todo lo que hay que hacer para afrontar el fenómeno El Niño, es relativamente bajo. Eso es lo que estamos viendo.

Usualmente el gasto de inversión en el primer semestre es bastante flojo y en el último trimestre (en diciembre, inclusive), en muchos casos, se ejecuta casi el 40% del gasto por inversión. Esta no es una buena práctica, en el sentido de que no puede haber una estacionalidad, sino que debe mantenerse la lógica de ejecutar el presupuesto de manera lineal, de tal manera que se pueda cumplir con todas las obras de infraestructura que se tienen que realizar.

En términos de cifras globales, el balance es relativamente positivo, a nivel de gobiernos locales y nacional; los gobiernos locales están un tanto más rezagados. Cuando vemos el gasto de inversión, todos están bastante retrasados, lo que es resultado de dos factores: la legislación, que es engorrosa; y la falta de capacidad que hay para llevar a cabo las licitaciones o actualizar los expedientes técnicos.

¿A estos factores sumaría que estamos en el primer año de autoridades regionales y locales?

Hay que recordar que, a nivel de inversiones, los gobiernos subnacionales tienen el 65% del presupuesto de inversión pública (casi 2/3) y 1/3 es manejado por el nivel nacional. Cuando se ven los datos, a nivel de inversiones no se está haciendo tan mal (que era un problema recurrente).

La caída en el gasto del primer año de gestión de gobiernos subnacionales no es tan fuerte, es cercana al 10% donde en el segundo semestre se recupera. En el primer trimestre cae y luego se recupera. Las municipalidades tienen un 27% de ejecución de inversión y el gobierno nacional en 34%, tampoco es que estén muy lejos uno de otro.

Volviendo al presupuesto global, cuando observamos el gasto en personal y obligaciones, se ha ejecutado 51% a nivel país; en pensiones y otras prestaciones sociales, 55%; y en bienes y servicios, 42.1%. En el gasto corriente, el gobierno lo hace relativamente bien; lo que baja el indicador del gasto a nivel global es la inversión pública que, como vemos, es de 1/3.

¿Cómo impacta en ello la convulsión social?

Todo ello genera mayor incertidumbre, la hay tanto en los inversionistas, como en los consumidores. La caída en inversión que se registró es producto de la suma de esta incertidumbre, de la conflictividad social del primer trimestre (que trajo cola hasta la cifra de mayo), la inflación que ha reducido el poder adquisitivo de las personas y la elevación de las tasas de interés para controlar la inflación que ha encarecido el crédito. Todos estos factores golpean el crecimiento. La conflictividad impide tener el panorama claro a un mediano o largo plazo, lo cual eleva el riesgo y posterga las decisiones de inversión.

En cuanto al consumo, si observamos el consumo de bienes duraderos (electrodomésticos o automóviles) se ven afectados por la elevación de la tasa de interés. Lo que podría jugar a favor, es la caída del precio del dólar que compensa el incremento de la inflación. Lo que nos dicen los datos es que ha habido una elevación de los créditos de consumo, que se están reduciendo y tratando de controlar. Por su parte, gran parte del sector formal está destinando su gratificación a pagar deudas. La gente se está endeudando para pagar el consumo porque los precios han subido pero los ingresos no han subido.

Vemos un consumo débil y una inversión que está cayendo, lo que se aprecia en distintos sectores, como Construcción, Manufactura, Minería y Pesca (este último responde a factores climáticos). Lo que esperaríamos para el segundo semestre es una recuperación, aunque dependerá del impacto de la movilización social que se da en el país.

¿Qué deberíamos esperar del mensaje presidencial en cuanto al presupuesto público?

Creo que no mucho. Hay poco espacio fiscal y se pueden dar algunas medidas. Sin embargo, por más medidas que se propongan para fomentar la inversión, si se mantiene la incertidumbre política no se verán cambios claros.

Cuando miramos las encuestas a empresarios, hay una respuesta positiva por parte de estos. Plantean que, sin conflictividad, hay bases positivas para crecer y recuperarse el segundo semestre. Pero cuando vemos las encuestas a la población, vemos a la gente muy descontenta, según CPI 58% de la gente piensa que está peor que en la época de Castillo, por ejemplo. Esto es básicamente por la recesión, la conflictividad y la inflación.

Los inversionistas y los analistas de las clasificadoras de riesgo ven que el Congreso puede tener arrebatos populistas y no ven un Ejecutivo fuerte que se puedan poner al frente estas propuestas. Hay muchas leyes aprobadas por insistencia del Congreso, pese a la opinión en contra del Ejecutivo que no tiene bancada, lo que le resta poder de negociación frente al parlamento. Esto de la economía y la política por separado hay que dejarlo de lado. Todas las condiciones ponen al Perú como un país muy atractivo para la inversión, pero este fantasma de la conflictividad y de la historia (tantos cambios de presidentes y cierres del Congreso en los últimos años) crea una inestabilidad.

Hasta antes de la pandemia, los inversionistas veían con atractivo la fortaleza económica del Perú. Poco a poco, lo político penetró en la vida económica del país. Ante la falta de certezas, los inversionistas van a preferir esperar y ver qué ocurre en el país.

¿Podríamos decir que el gran freno del crecimiento económico del Perú es el ruido político?

Es el ruido político y la amenaza permanente de cambio de gobierno. El ruido social es consecuencia del ruido político. Los analistas políticos hablan de un Congreso desvinculado de la población. Veremos si las autoridades logran dar un mensaje a la población que revierta la situación de malestar y que ello lleve a una mejorar la percepción que tienen los agentes económicos, inversionistas y consumidores. Encima, viene un fenómeno El Niño que también nos va a afectar, lo que reduciría la inversión e incrementaría la inflación por falta de abastecimiento. En el plano internacional, Rusia ha recovado a Ucrania el permiso de exportación de granos, lo cual podría impactarnos como en el 2022, donde se incrementaron los precios de los alimentos a nivel internacional. La única ventaja que tenemos es que el precio del dólar está cayendo y podría aligerar el incremento de los precios internacionales.