En los últimos años se extendió la creencia de que la situación económica del país podía ser controlada, a pesar de las diferentes problemáticas que amenazaban la estabilidad. Sin embargo, la contracción económica ha demostrado que un mal manejo de riesgos puede desencadenar un escenario de incertidumbre. Con el fin de comprender la evolución económica de los últimos meses, dialogamos con el investigador CIUP, Carlos Casas, quien plantea una serie de acciones que podrían realizarse a corto plazo para evitar el estancamiento económico.
Según el World Economic Forum, la desaceleración económica es el principal riesgo que debe asumir Perú en 2024; ante ese contexto, ¿cómo debe gestionarse esta caída junto a los demás riesgos que enfrenta el país?
Que la recesión económica sea vista como un gran riesgo se traduce en el miedo que están involucrados los peruanos, y eso incluye a los empresarios. Esta recesión nos la hemos autogenerado, porque lo que se ve en el día a día es la inseguridad y la inestabilidad política, factores que son producto de las acciones que no se tomaron el año pasado.
Actualmente, las personas actúan con mucha más precaución para tomar decisiones económicas, por lo que, a nivel de inversión, sea un grande o pequeño monto, hay cada vez menos gente que se arriesga, pues están con la idea de que pueden ser víctimas de la delincuencia en un instante. La inseguridad ciudadana es un asunto que debe ponerse sobre la mesa para controlar los demás riesgos.
En esa línea, también está la informalidad que azota al país, que si no es correctamente regulada luego puede transformarse en actos o prácticas ilegales. Un ejemplo son los grupos vinculados a la minería ilegal, a quienes les conviene que haya un estado de recesión, pues no le interesa la economía interna al no tener ningún tipo de control.
Entonces, uno puede darse cuenta de que estamos en un momento crítico, pues hace algunos años se hablaba de que, mientras la economía esté creciendo, no importa lo que pase en el Perú. Ahora, en contraste, tenemos una desaceleración económica que puede ir afectando y socavando la confianza de los agentes económicos.
Entre las soluciones que se estiman está la reducción de las tasas de referencia para que sea más accesible obtener un crédito, pero no necesariamente asegura que los empresarios sigan invirtiendo o que las personas consuman más. Esto puede ayudar en algunas decisiones de inversión, pero no en todo si es que no se extraen las otras problemáticas de raíz.
En miras a recuperar la confianza empresarial, ¿qué señales necesita enviar el Gobierno para atraer a la inversión privada?
Creo que hay dos puntos clave que debe asumir el Estado: se requiere una actitud más proactiva hacia el inversionista y se debe mejorar la reputación de las asociaciones público-privadas. Hoy en día las grandes concesiones ya no están tan presentes, ya que se les asocia a corrupción e informalidad.
Para iniciar una mejora debe haber un cambio de cultura, pues no se puede fomentar la inversión si se tiene la noción de que son muy desordenados y burocráticos. Es innegable que son muchos los pasos para iniciar un trámite, por ejemplo, en el rubro de la Minería existen muchos actores que intervienen, ya sea para fiscalizar o regular cada proceso. Tienes a la OEFA, al Ministerio, a Osinergmin, Sunafil y más instituciones que supervisan las mineras.
Con este sistema uno se encuentra con procesos que se van alargando para un inversionista, lo cual implica también un costo. Entonces, creo que una vía puede ser reducir tiempos para los agentes de inversión, pero sin dejar de lado la regulación de estos. Hay que ver también el contexto en el que estamos, tomando en cuenta que otros países que están siendo muy agresivos en atraer inversión. Considero que debemos analizar cómo lograr una mayor coordinación entre las entidades del Estado y menores, para que los temas de inversión sean más prácticos, que los requisitos puedan ser cumplidos como se debe sin que los tiempos de autorización y ejecución se vean afectados.
En reiteradas veces, a la empresa y al inversionista no le importa cuánto costaba un proyecto, sino que está más preocupado por los factores externos como conflictos políticos, inseguridad y la regulación, pues quiere empezar lo más pronto posible sus operaciones, que en un plano más abierto genera empleo y oportunidades para otros agentes.
Se habla mucho de que la minería será el principal impulsor de la economía nacional. No obstante, ¿qué otros sectores presentan una oportunidad para propiciar el crecimiento económico durante el 2024?
Creo que la construcción, ya que, sin dudas, es uno de los sectores que genera más trabajo. La inversión privada en el sector construcción sigue generando más incentivos para que las personas adquieran nuevas viviendas, se siguen construyendo edificios para departamentos, oficinas y más.
Destaco este sector porque, incluso con los efectos de la pandemia, donde se produjo el cambio al teletrabajo y la paralización de ciertos proyectos, el boom de la construcción no paró, al punto de que en cierto punto se experimentó una sobreoferta de espacios y viviendas, pero que ahora está siendo controlada con la alta demanda.
Asimismo, el sector de servicios o terciario está en subida, pues va de la mano con casi todos los otros sectores, generando así un mayor valor agregado, sobre todo ahora en los servicios financieros y los de telecomunicaciones que se encuentran su apogeo por la era digital en la que estamos sumergidos.
¿Cómo se explica el estrés fiscal en el que está sumido el país y qué debería contemplarse para revertir esta situación?
En el último año la caída de recaudación de impuestos ha sido muy significativa, pues, de 2022 a 2023, la desaceleración nos ha generado una reducción de ingresos del orden del 10%. La poca contribución tributaria está sujeta a diferentes factores, entre ellos el comportamiento negativo de las empresas y sus clientes para realizar transacciones, que surge en gran parte por el declive de la inversión y la caída del consumo.
Si no hay consumo, no se recauda IGV, mientras que, si no hay inversión, no se pasa impuestos a la renta. En un contexto donde la situación económica se encuentra en deterioro, básicamente por la incertidumbre y las malas prácticas que se toman desde la informalización.
Uno se da cuenta fácilmente de este déficit fiscal cuando los gastos continúan creciendo, pero la recaudación tributaria no. En ocasiones la compra y venta, tanto menor y mayor, se corrompe en los intercambios sin factura o inclusive donde se alteran los cobros de impuestos.
Al tener una mayor deuda pública, suben las tasas de interés, lo cual representa un mayor gasto fiscal, provocando que al Gobierno se le haga más complicado controlar el déficit que afronta. Este estrés fiscal se financia con deuda, pero la medida que en realidad debe tomarse es tratar de establecer que este equilibrio sea correspondido con el pago efectivo de cada operación, por medio de una mayor fiscalización en estos intercambios.
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