En octubre de 2014 Chile comenzó el proceso hacia la ratificación de la Convención 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), reconociendo que las trabajadoras domésticas remuneradas deben recibir los mismos derechos básicos que otros trabajadores. Conforme a la OIT y su propia legislación, en Chile ahora se requerirá que se especifiquen en el contrato con la trabajadora las tareas y el domicilio donde éstas se realizarán, debiendo el empleador registrar dicho contrato en el Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Comparativamente, si bien el Perú cuenta con la Ley de Trabajadores del Hogar (2003) que otorga algunos derechos laborales para este sector, existen aún brechas notables en relación con los derechos vigentes para otros trabajadores. La mayoría de estas trabajadoras permanecen en la informalidad – sin contratos, ni acceso a una remuneración vital mínima; con derechos recortados y poca o nula protección social y laboral. La hipótesis de esta investigación es que Chile mejoró su legislación respecto de los derechos laborales para trabajadoras domésticas como resultado de la coincidencia entre una fuerte voluntad política desde arriba y una presión sindical desde abajo que, en su conjunto, han logrado una mayor inclusión socioeconómica para este sector laboral. Las preguntas centrales a explorar son: ¿Cómo y en qué contexto se dió la confluencia para lograr estos avances normativos relativos al empleo doméstico en Chile? ¿Qué puede aprender el Perú al respecto?.
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