El Perú tiene una débil institucionalidad y baja credibilidad en materia de políticas públicas. En 2006, un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID 2006) ubicó al Perú en un nivel medio-bajo en base a un índice de calidad de políticas públicas, con una calificación baja en casi todas las dimensiones analizadas entre varios países de América Latina. Según el estudio, después de la crisis económica de los ochenta, los países implementaron programas de reformas de gran alcance basado en la privatización de empresas públicas y el desplazamiento del Estado para recuperar credibilidad de los inversionistas privados. Si bien gracias a estas reformas se ha ganado credibilidad, en muchas de ellas se ha sacrificado atribuciones propias del Estado y la necesidad de intervención para corregir fallas de mercado o con fines redistributivos. La política previsional es un buen ejemplo.
En un sistema de capitalización individual, como el SPP, los individuos absorben todos o casi todos los riesgos y tienen que tomar decisiones complejas sobre el proceso de acumulación y retiro de recursos al momento de su jubilación. Por ejemplo, ¿afiliarse al SNP o al SPP? ¿elegir el Fondo 2 o Fondo 3? ¿elegir comisión por flujo o comisión por saldo administrado? ¿elegir una renta vitalicia, retiro programado o retirar el 95.5% del fondo? Todas estas decisiones son difíciles porque requieren cierto nivel de educación financiera y lidiar con los problemas de racionalidad limitada, asimetría de información, e incertidumbre.
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