El Estado peruano ha intentado distintas políticas para incorporar a la legalidad a los mineros que operan al margen de la ley. Como consecuencia de una agravación del problema de la minería ilegal, el Estado peruano adoptó como política dos medidas: la del proceso de formalización minera y la del endurecimiento de las medidas de lucha contra los mineros que, por las condiciones graves en las que realizaban su actividad, nunca podrían ser incorporados a la legalidad. Estas medidas debían impartirse a través del Derecho penal y de la interdicción.
Ocho años después de haberse dictado las medidas para la formalización minera, en el presente trabajo se evalúa los resultados de la política estatal contra la minería ilegal en su compatibilidad con los deberes estatales de tutela jurídica del ambiente, la salud y el deber de protección de los recursos naturales.
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