La rebaja del IGV para peluquerías y centros de belleza: ¿una medida responsable?

La reciente aprobación del dictamen de la Comisión de Economía del Congreso peruano, que propone disminuir el Impuesto General a las Ventas (IGV) a un 8% para las peluquerías y centros de belleza que califiquen como micro y pequeña empresa (MYPE), genera serias dudas. Si bien la intención de apoyar a este sector es loable, considero crucial analizar las implicancias económicas y fiscales de esta medida.

Lo primero que debemos considerar es que el IGV es un impuesto indirecto que se aplica sobre el valor de las ventas de bienes y servicios, y cuyo funcionamiento se basa en el mecanismo de débito fiscal (impuesto que los vendedores deben cobrar a sus clientes al momento de realizar una venta) y crédito fiscal (impuesto que los compradores pueden deducir del IGV que deberán tributar, en función de lo que hayan pagado en compras anteriores). Este sistema permite que el gravamen sea neutro para las empresas, pues el diseño de este impuesto sobre el consumo está orientado a que sea el consumidor final quien asuma realmente el importe del IGV. Por tanto, una exoneración o reducción de este impuesto puede distorsionar este mecanismo y generar efectos muy distintos de los esperados.

Así, la propuesta de reducir el IGV a un 8% para peluquerías y centros de belleza parece, a primera vista, un alivio para los consumidores. Sin embargo, debemos tener en cuenta que, si bien tal reducción del IGV debería traducirse en precios más bajos para los clientes, es probable que los establecimientos beneficiados mantengan sus precios. Esto, en la medida en que aprovecharían la reducción del impuesto para aumentar sus márgenes de ganancia, en lugar de trasladar el beneficio al consumidor.

Además, se argumenta que esta medida fomentará la formalización de las pequeñas empresas afectadas por la pandemia del COVID-19. No obstante, es cuestionable que una reducción del impuesto sea suficiente para incentivar la formalización, ya que los problemas estructurales que enfrentan estas empresas van más allá de la carga tributaria.

Otro aspecto crítico por considerar, y que ya lo ha hecho notar el MEF, es el impacto fiscal que esta medida tendrá en la recaudación. El presupuesto público se basa en ingresos proyectados por IGV a una tasa del 18%, por lo que su reducción a 8% podría generar un déficit en la recaudación, que afectaría la financiación de servicios públicos esenciales. Por ello, para adoptar una medida como esta, es esencial contar con un análisis costo-beneficio; por lo que sabemos, hasta el momento no se ha presentado un estudio claro que justifique la reducción del IGV ni que explique cómo se compensarían las posibles pérdidas de ingresos.

Finalmente, cabe preguntarse si una medida de esta índole ayuda realmente a las MYPE. Particularmente, considero falaz el argumento de que esta reducción se orienta a beneficiar a las peluquerías y centros de belleza que sufrieron pérdidas económicas durante la pandemia. Las pequeñas empresas necesitan un ecosistema que les permita prosperar; esto incluye, por ejemplo, acceso a créditos y financiamiento, pues muchas enfrentan dificultades en este ámbito, lo que limita su capacidad de crecimiento y su formalización. Asimismo, la formación en gestión empresarial y el apoyo técnico son cruciales para que dichas empresas puedan adaptarse y competir en el mercado. Y, no menos importante, el entorno de estabilidad y seguridad que les permita invertir y crecer.

Por todo ello, la reducción del IGV para peluquerías y centros de belleza debe ser analizada con rigor y responsabilidad. Aunque la intención de apoyar a las MYPE es válida, resulta fundamental considerar las distorsiones que esta medida puede generar en el mercado, así como su impacto en la recaudación fiscal y la formalidad empresarial. Ello exige un enfoque más integral, que aborde los desafíos estructurales que enfrentan las pequeñas empresas, en lugar de soluciones superficiales que pueden acarrear consecuencias no deseadas. El futuro de la economía peruana requiere decisiones informadas y sustentadas en análisis serios, no en argumentos populistas que prometen más de lo que realmente se puede cumplir.

Reflexionemos sobre el camino que queremos tomar y asegurémonos de que las políticas públicas realmente beneficien a quienes más lo necesitan.

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