Joanna Kámiche: "La conservación ambiental no es una opción, es una condición"

Debido a su inmensa biodiversidad y riqueza natural, la conservación ambiental en Perú es crucial. Nuestros ecosistemas comprenden una auténtica variedad que se encuentran en peligro, debido a la deforestación, la minería ilegal, la expansión agrícola, entre otras serias amenazas que urgen la implementación de políticas de conservación para garantizar la sostenibilidad y la preservación de estos. Joanna Kámiche Zegarra, directora del CIUP, explica qué puntos son determinantes para asegurar una mejor gestión ambiental y qué rutas son las más viables para cumplir las metas estimadas en este aspecto.

De acuerdo con la Asociación Internacional de Residuos Sólidos, la gestión de estos materiales puede costarle US$ 640,300 millones al planeta en 2050. En el caso de Perú, ¿qué iniciativas existen para mejorar la recolección, reciclaje y disposición final de residuos sólidos?

Si comparamos la situación de la gestión de residuos sólidos hace 25 años, con la actualidad, es evidente que hemos progresado en la gestión de residuos sólidos y en la separación para el reciclaje. Sin embargo, aún enfrentamos muchos desafíos, como, por ejemplo, el manejo de los rellenos sanitarios. Aunque se ha incrementado el número de rellenos para la disposición final de residuos, la gestión municipal todavía tenemos un largo camino por recorrer.

La construcción de nuevos rellenos sanitarios, requiere de una gran inversión para cumplir con las condiciones técnicas necesarias. Gran parte de los avances de los últimos años se han logrado gracias al apoyo de cooperación internacional. Para que la vida útil de estas infraestructuras sea la mayor posible, debemos, por un lado, asignar suficientes recursos para su mantenimiento; pero por otro, también de debemos lograr que la población se capacite y reduzca la cantidad de residuos que genera cada día y que se debe disponer en dichos rellenos. Con esos dos procesos, la vida útil de los rellenos sanitarios implementados será mayor, y los beneficios de la inversión realizada serán mayores. Ahora bien, debemos seguir invirtiendo en este tipo de infraestructura, pero con tecnología que permita, por ejemplo, aprovechar los residuos orgánicos para generar energía, lo cual podría reducir los costos de operación. Este sería un enfoque de economía circular, que todavía no estamos aplicando en su real dimensión en el país.

En este proceso de minimización de residuos, las empresas tienen un rol fundamental, porque deben apuntar a elaborar el menor empaque posible, para sus productos, y eso debe realizarse desde el diseño del producto final. Por ejemplo, hoy en día se venden verduras y/o frutas, picadas y empacadas, lo cual requiere mayores cantidades de plástico y/o cartón.  Entonces, resulta necesario que los empresarios diseñen sus productos pensando en la variable de generación de residuos a lo largo del a cadena de producción y consumo. El empresario debe diseñar sus productos para que sean menos contaminantes, tomando en cuenta como cómo lo adquiere el usuario, y finalmente cómo lo maneja.

Considero, también, que la iniciativa debe partir desde la sociedad, desde el hecho de lograr que los ciudadanos usen menos materiales y artículos de plástico, práctica que se ha potenciado tras la Ley N.º 30884, la cual regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables, y que ha colaborado en el cambio de hábitos en nuestro país. Sin embargo, tras la pandemia por la COVID-19, se incrementó a gran escala el uso del papel, el cartón y el plástico, incluso con niveles superiores a los experimentados antes de confinamiento. En este punto, la aplicación de la Ley demostró que los ciudadanos pueden cambiar su comportamiento con los incentivos y normas adecuadas. Estos son los casos que vale la pena conocer y difundir.

Por otro lado, necesitamos mayor presencia de la autoridad técnica ―que es el MINAM― en relación con las acciones de los gobiernos locales. Hemos tenido experiencias en las cuales el MINAM ha diseñado materiales de capacitación y difusión sobre gestión de residuos sólidos, que los ha puesto a disposición de los gobiernos locales. De esta manera, todos son ganadores: el mensaje y los contenidos son claros para todos, y los gobiernos locales, ahorran recursos que pueden ser utilizados en otras actividades. De otro lado, los insuficientes recursos financieros son una limitante para las actividades que pueden realizar los gobiernos locales. Sin embargo, existen programas como el de Apoyo a la Mejora en la Gestión Municipal, del MEF, que brinda recursos financieros adicionales cuando se cumplen ciertas metas de operación y dentro de ellas siempre han estado las relativas a la gestión de residuos sólidos. En otras palabras, para lograr una eficiente gestión de residuos sólidos, se requiere que todos los involucrados trabajemos de manera coordinada, con una perspectiva de lograr los mayores beneficios para la sociedad.

El MINAM ha comunicado la obtención de millonarios financiamientos para desarrollar proyectos de conservación ambiental. ¿Cuál es la estrategia más viable para enfrentar los principales desafíos en términos de conservación ambiental?

En principio, es imprescindible que la gestión ambiental sea un asunto transversal en todos los ministerios. El Ministerio del Ambiente es la autoridad técnica en el tema de la conservación ambiental, no obstante. se debe aspirar a que la variable del ambiente, sus lineamientos y su operacionalización, debe ser considerado en cada proceso de los sectores económicos que impulsan el desarrollo del país. Es decir, la transversalidad de la variable ambiente requiere que, en todos los sectores, se considere como un criterio al momento de tomar decisiones.

Se puede tomar como ejemplo el mecanismo para conservar los servicios ecosistémicos que nos ofrece el país, ya que en la, actualidad el 18% del territorio se constituye como Áreas Naturales Protegidas (ANPs). Este esfuerzo, nos permite tener una buena evaluación en este concepto en el Índice de Desempeño Ambiental (EPI) que calcula la universidad de Yale cada dos años. En relación con el financiamiento, lo que hay que lograr es que los recursos conseguidos se asignen de tal manera que generen los incentivos para que la conservación ambiental sea parte de los objetivos que la población y las entidades buscan alcanzar en el país. Es decir, que la búsqueda del bienestar y el desarrollo implique también la conservación. Hoy, se reconoce que dichos objetivos no son mutuamente excluyentes, y que, por el contrario, se puede trabajar para lograr sinergias.

Evidentemente, la conservación ambiental es una inversión muy costosa, que implica, por ejemplo, pagarle a los guardaparques para que verifiquen que las ANPs no sean degradadas, así como también capacitar para explicar la relevancia de conservar áreas naturales. Trabajar de manera articulada con las organizaciones sociales, las comunidades nativas, las empresas privadas, puede parecer complicado, pero enfatizo en que es el objetivo al que se debe apuntar, y, por tanto, los recursos deben ser utilizados para trabajar de manera conjunta y con objetivos comunes. Estoy segura que los recursos así asignados brindarán mayores beneficios.

En tanto, los recursos deben utilizarse para reducir los impactos ambientales, y para eso se debe invertir en acceso a tecnologías para garantizar un trabajo menos contaminante. Es mucho más costoso, por supuesto, pero conlleva a estar alineado a las tendencias mundiales que hoy se aplican para cumplir estándares mínimos y dejar de contaminar ecosistemas que son valiosos.

La conservación ambiental no es una opción, es una condición para nuestro desarrollo. Es decir, toda actividad económica debe tomar en cuenta el impacto ambiental que va a tener, y las medidas de mitigación que debe ejecutar para reducirlo, no solo por dar cumplimiento a la ley, sino que este enfoque debe estar interiorizado, para lograr un desarrollo competitivo pero que sea sostenible.

En los últimos años, la transición energética ha cogido mayor fuerza como una necesidad para alcanzar una mayor sostenibilidad. ¿Cuál es su principal beneficio y qué tan costoso resultaría para el Perú seguir esta tendencia?

Al igual que la conservación ambiental, la transición energética es un modelo que sí o sí se debe tener en cuenta y trabajar para su implementación. Tomando como argumento las razones institucionales, el Perú ya ha asumido el compromiso internacional de trabajar por una transición energética, al igual que todos los países de la región y en gran parte del mundo.

Perú se ha comprometido a metas bastante ambiciosas para el 2030 (p.e., reducción del 40% de las emisiones de gases efecto invernadero), y la carbono neutralidad para el 2050. Para que ello sea posible, se requiere trabajar muy profundamente en la transición energética. Esto implica reducir el uso de combustibles fósiles para utilizar energía más limpia, considerando que somos un país donde el 60% de nuestra energía es renovable, pero es hidroeléctrica, mientras que el 34% es con combustibles fósiles y petróleo, y tan solo el 6% es producido por energía eólica o solar, es decir, renovables limpias.

El Perú tiene el compromiso de llegar a un 20% de energía renovable no convencional para el 2030, no obstante, se tiene que reconocer las limitaciones que tenemos y recordar que nos tomó 15 años para pasar de 1% a 6% de energía renovable limpia que hoy tenemos. Personalmente, creo que con los instrumentos y mecanismos que hoy tenemos, ese 20% es un reto muy difícil de lograr. Retomando el tema de costos, no cabe duda de que la energía eólica y la solar son costosas en términos de la inversión, pero a mediano plazo y con miras a tener un futuro con energías limpias, los costos de generación son mucho más baratos. El valor marginal es mucho más accesible, pues la inversión inicial luego se convierte en costos operativos más bajos.

Ese es el enfoque que las autoridades deben priorizar, y es aquí donde el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) cumple un rol importante para trabajar de manera coordinada con el MINAM, y tener una visión conjunta sobre la necesidad de impulsar la transición energética. Eso nos permitirá lograr un nivel más competitivo como país. Dicho esto, debemos estar convencidos que la transición energética es fundamental en nuestra matriz energética, ya que el mundo está siendo más amigable con el medio ambiente y nosotros no podemos ser la excepción.

Por ejemplo, al ser grandes productores de cobre, tenemos que aprovechar esas condiciones para lograr una producción más competitiva en un entorno de transición, y eso aplicarlo luego en los sectores de transporte, industria, manufactura, entre otros. Para lograr eso, las autoridades deben estar dispuestas al cambio. Es extraño, y preocupante, que en Perú no se esté discutiendo sobre transición energética, como si se está abordando en otros países, pues este tema está siendo discutido de forma recurrente y técnica, por la importancia que tiene en cuanto al impacto ambiental que tiene.

Se ha experimentado un fuerte rechazo ante la controvertida modificación de la Ley Forestal, debido a los puntos que indirectamente promueven la deforestación en la Amazonía. ¿Cuáles son los mecanismos de control y supervisión para este asunto?

Las decisiones de promoción agrícola pueden generar un problema con las decisiones de conservación. En ese marco, las decisiones sobre cómo utilizar el territorio (p.e., realizar actividad productiva, conservarlo, recuperar las áreas deforestadas, entre otros), requieren un trabajo coordinado para obtener los mayores beneficios: económicos, sociales y ambientales para la sociedad. Por un lado, el gobierno regional es el encargado de elaborar la zonificación forestal, que es el instrumento que permite estudiar el territorio y definir el tipo de actividades, en relación con los recursos forestales que se pueden realizar. La modificación reciente de la normativa, le otorga varias de las decisiones al MIDAGRI y ya no al MINAM, con lo cual es posible que los objetivos productivos sean priorizados en lugar de los de conservación, lo cual puede afectar la provisión de servicios ecosistémicos en el territorio.

Por otro lado, el MINAM es la autoridad técnica en términos de conservación, pero ahora es el MIDAGRI, institución que tiene oficinas a nivel de gobiernos locales, quien tiene ahora la autoridad en el otorgamiento de títulos habilitantes, lo cual puede generar mayores incentivos para la deforestación, si es que los criterios de conservación no son tomados en cuenta, y no se tienen como un criterio de trabajo.

Es por ello, que es el MINAM debe tomar la iniciativa para dialogar con el MIDAGRI y trabajar en conjunto, considerando los objetivos de desarrollo productivo, pero a la vez de conservación. La tarea no es fácil, y requiere mucha voluntad política de todos los actores. Tenemos que pensar en los otros instrumentos de control, como el cumplimiento de condiciones/estándares mínimos, para seguir una estructura operativa que sea realista. No debemos perder de vista los compromisos internacionales que hemos asumido sobre reducción de emisiones, los cuales implican la reducción de la deforestación.

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