El ambiente no debe entenderse como un escenario pasivo, sino como una forma de capital natural compuesta por bosques, suelos, recursos mineros, agua y, a la vez, capacidad para absorber residuos (en agua, aire, suelo), todos ellos fundamentales para la producción y el bienestar. Al igual que otros tipos de capital, este stock se deteriora cuando las presiones sobre los ecosistemas superan su capacidad de recuperación natural. Sin embargo, a diferencia del capital físico, muchos de los servicios ecosistémicos que proveen no se transan en los mercados, por lo que su degradación no suele incorporarse plenamente en los precios que orientan las decisiones privadas.
Esas presiones responden a decisiones concretas de producción, consumo y uso del territorio. Los bienes consumidos en las ciudades terminan generando residuos que deben ser recolectados, tratados o dispuestos; del mismo modo, transformar una hectárea de bosque amazónico en suelo agropecuario o extractivo implica perder servicios ecosistémicos de provisión, regulación, soporte y culturales que no suelen ser valorados por quien toma esa decisión. En estos casos, parte de los costos recae sobre terceros, como hogares, comunidades, cuencas o generaciones futuras, lo que configura externalidades negativas y abre espacio para la acción pública. En ese marco, este informe analiza dos presiones ambientales a partir de datos administrativos recientes: la generación y valorización de residuos sólidos municipales entre 2019 y 2024, y la pérdida de bosque húmedo amazónico entre 2001 y 2024.
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