La lucha frente a la minería ilegal en Perú continúa siendo un asunto pendiente de las autoridades, pero sobre todo del Estado, debido a la importancia del sector para la economía del país. Para el boletín Punto de Equilibrio conversamos con Gonzalo Delgado, director del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico, quien propone una serie de pasos que permitirán que el sector minero equilibre el desarrollo económico con la sostenibilidad.
Este año han resonado los problemas vinculados a la minería informal e ilegal, así como los problemas políticos que han frenado proyectos mineros. Junto a estos temas, ¿cuáles son los principales retos que enfrenta el sector minero en Perú?
El escaso resultado alcanzado, por no decir el fracaso, del proceso de formalización de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE). Más de dos décadas de intentos para regular y formalizar este sector y aún estamos muy lejos de alcanzar el objetivo.
A esto se le suma el difícil reto de combatir la creciente presencia de minería ilegal y la actividad de grupos criminales que están involucrados en ella. Sin dudas, es un factor que no solo ha tenido efectos negativos durante el primer semestre, sino que, a este paso tardío por reanudar las vías de formalización, continuará afectando a este sector en los próximos años.
En este último tema, si bien tenemos en principio los elementos legales necesarios para hacer frente a la actividad criminal en la minería, pues hay y hay una unidad y acuerdo de todas las partes para combatir la actividad criminal e ilegal, no hay avances significativos. La PNP, debe surgir como un actor y lograr una mayor presencia en el territorio. Asimismo, es preciso asegurar que cuente con los recursos necesarios para su accionar.
Volviendo al tema de la formalización: en el estudio que CEMS y la Universidad de Oxford realizamos, encontramos que el énfasis de las políticas para la MAPE está centrado más en la erradicación de la minería ilegal antes que en el fortalecimiento del proceso de formalización. Un gran reto entonces, es cambiar esa narrativa y enfoque. Dejando en claro que la minería ilegal y la actividad y presencia de grupos criminales en el sector debe ser combatida en todo momento, es necesario ver, en paralelo, a la MAPE como un actor con un alto potencial de contribuir al desarrollo social sostenible y al PBI y fortalecer las buenas prácticas que se van dando.
Otro reto es el enfoque legalista, centrado principalmente en permisos, nulos incentivos para la formalización, y la gran debilidad del Estado para implementar políticas. Uno de los principales obstáculos está en que el actual sistema de gestión de concesiones contribuye a la superposición entre concesiones mineras, forestales, agrícolas, o que estas se otorguen sin considerar la presencia de mineros artesanales que operan de manera informal. Donde el asunto se vuelve un poco “gris” y quizá implica la necesidad de ajustar ciertas leyes, es en la manera de que se firman los contratos y las concesiones mineras. Y es que hay casos en los que el concesionario no les quiere firmar el contrato a las empresas, no obstante, los invita y los deja trabajar.
En ese sentido, hay la necesidad de mejorar los sistemas de gestión de concesiones, derechos de tierras y superficie, siempre manteniendo y garantizando la prohibición de la minería en áreas protegidas y reservas naturales establecidas para proteger los ecosistemas y las comunidades vulnerables. Es esencial, asimismo, diseñar e implementar un sistema fiscal que incluya los distintos tipos de minería, con requisitos administrativos progresivos, según el tamaño de la actividad y generé incentivos para su formalización y monitoreo.
Los pueblos indígenas, como del Cenepa en la Amazonía peruana, han tenido que hacer frente a la minería ilegal en su territorio, como respuesta han tomado acciones para bloquear el paso en el río Comaina. ¿Qué actores están involucrados en esta difícil tarea para evitar que las comunidades no estén expuestas a peligro?
En este caso que preguntas, fue una acción de ODECOFROC, que agrupa a aproximadamente 63 comunidades Awajun, Fue a principios de junio, y bloquearon parcialmente el acceso al río Comainas. A eso hay que sumarle los eventos de abril, cuando un grupo de Comunidades Wampis del río Santiago retuvo a varias personas que transportaban equipos que aducen son utilizados por mineros ilegales en esa zona. Ambos escenarios se caracterizan por pedidos de pueblos indígenas al Estado para que este intervenga y retire estos grupos ilegales y criminales de sus territorios. Sin embargo, ante la ausencia del Estado, no descartan el tomar sus propias medidas para expulsar estos actores de sus territorios, potencialmente generando situaciones de violencia y conflicto.
Más allá de la intención de defenderse por su cuenta, que de por sí ya es una decisión peligrosa, en un estado de derecho, las fuerzas del orden son las responsables de combatir estas actividades criminales. Situaciones como estas, como lo que viene aconteciendo en Mina Poderosa en La Libertad son episodios que nos demuestran cuán importante es la necesidad de diferenciar la minería ilegal de la informal.
Lamentablemente, las fuerzas de orden no están presentes como deberían, y es en las zonas más alejadas y remotas donde surgen inicialmente este tipo de problemas. Pero los actores ilegales y criminales están haciendo mayor presencia en áreas que amplían los conflictos ya no solo con las comunidades y pueblos indígenas sino con con la gran y mediana minería también.
Creo que hay una necesidad muy fuerte de tratar de manejar los conflictos desde una visión más estructural, no solo de la gestión de conflictos, sino de la gestión en general y en el contexto de una más efectiva presencia del Estado en las zonas de desarrollo de proyectos mineros. Si uno analiza a detalle los casos, la mayor parte de los acuerdos no cumplidos no vienen por el lado de las compañías mineras necesariamente, sino del Estado.
En relación al rol que comprende la sostenibilidad y responsabilidad en el sector minero, ¿cómo se está implementando la perspectiva ambiental en las operaciones de minería a nivel nacional?
En general, considero que nuestro país tiene una buena legislación en términos de lo que se debe hacer, aunque, creo que a veces tenemos problemas con los procesos administrativos y de seguimiento y comunicación. Creo que es posible simplificar los procesos sin bajar los estándares.
A nivel nacional, la OEFA es el organismo que supervisa y asegura el cumplimiento junto con el Sernanp. El monitoreo ambiental, al ser tan relevante, requiere una mayor capacitación de quienes la desarrollan, pues estos procesos permiten proteger a los defensores ambientales y ayuda a que las compañías preparen proyectos que ya integren estos lineamientos de gobernanza social y ambiental, y así se acortan los plazos para la iniciación de proyectos.
El reto está en cómo hacemos el monitoreo y el seguimiento de estos lineamientos, y también, cómo comunicamos a la sociedad y al público en general. En este tema, es importante resaltar que hay además estándares voluntarios, (como Copper Mark, por ejemplo), a los cuales la gran y mediana minería se compromete. y en cuyo seguimiento y monitoreo la sociedad civil puede apoyar y ayudar a las comunidades. Aquí, la comunicación oportuna y relevante es importante. Hay oportunidades y retos de comunicación tanto para el Estado como para las empresas y la sociedad civil.
Por ejemplo, considero que la luz verde para el proyecto Tía María es una buena noticia, pero ahí surge el tema de lograr cumplir con las expectativas en cuanto a seguir y cumplir los estándares requeridos, ya que va a estar bajo una lupa extraordinaria, principalmente para ganar la licencia social de las comunidades, además de hacer todo lo necesario para cumplir con los estándares ambientales.
Con el objetivo de seguir siendo atractivos a nivel internacional, ¿cuáles son las oportunidades de crecimiento para el sector a fin de mejorar las perspectivas de inversión extranjera?
Mirando hacia el futuro, para mantener a Perú como un país atractivo y competitivo para los inversionistas ya no basta simplemente con tener una buena geología, Por un lado, el tendrá que desarrollar mejores reservas probadas y adelantar una mejor manera de trabajar con los distintos grupos de interés para asegurar la debida diligencia a todo nivel. Es ese sentido, el Estado debe trabajar con las empresas y las comunidades para asegurar que se está cumpliendo en el país con los estándares de ESG internacionales y derechos humanos. y debe resolver los asuntos sociales y ambientales pendientes, ya que estos factores tienen un mayor peso hoy en día en las decisiones de los inversionistas y los clientes finales de nuestros minerales.
Por otro lado, la transición energética que se está dando a nivel mundial debe ser vista como una oportunidad para innovar y evolucionar en procesos de exploración, desarrollo y operación. Se anticipa que la demanda de cobre va a seguir creciendo, y eso es algo que no debemos desaprovechar.
El balance va a estar entre cómo podemos sacar el mejor provecho y ganar los mejores precios, y con ello atraer a los mejores inversionistas a nuestro país. También va de la mano con mostrar resultados de impacto positivo en el ámbito social y ambiental. En ese aspecto, creo que las mineras están trabajando inteligentemente en todo lo que es innovación tecnológica, con realidad virtual, automatización y robótica.
Esto representa una apuesta y una mayor alianza entre la academia y las empresas, Creo que ahí hay grandes oportunidades de innovar y ayudar a generar mejores oportunidades para los sectores económicos del Perú.
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