Artículo de opinión de Gonzalo Delgado, director del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad (CEMS) de la Universidad del Pacífico. Este texto fue escrito para el Punto de Equilibrio n°59.
Al filo de un año clave para el futuro económico de Perú, el sector minero del cobre en el país enfrenta un entorno global plagado de incertidumbres que van desde las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump hasta la volatilidad de los precios de los metales. En febrero de 2025, Donald Trump ordenó una investigación sobre la dependencia estadounidense de minerales críticos, y contempla posibles aranceles del 10 % para cobre que importa. Paralelamente, su reciente impulso a la minería en aguas profundas a través de otra orden ejecutiva demuestra el renovado interés de EE. UU. por asegurar insumos estratégicos para su economía. Si bien el impacto sobre la minería peruana ha sido limitado hasta ahora, no deja de ser una llamada de atención para redoblar esfuerzos en la búsqueda de nuevos consensos hacia una estrategia de mediano plazo.
La economía peruana evidenció una recuperación en enero de 2025, con un crecimiento estimado del 4 % según el Banco Central de Reserva del Perú, impulsado por la reactivación de los sectores primarios y una sólida inversión pública. En el mismo mes, la minería metálica creció 3.2 % y las proyecciones del BCRP sugieren un alza de 2.0 % para el resto de este año. Sin embargo, la sombra de los conflictos sociales persiste: en marzo de 2025 se registraron 193 conflictos socioambientales, 61.9 % de los cuales están vinculados a la actividad minera. Estas tensiones, combinadas con la polarización política de cara a las elecciones de 2026, amenazan la estabilidad indispensable para atraer inversiones sostenibles.
Para países como Perú —hasta hace poco el segundo mayor productor de cobre del mundo—, la medida de Trump representa tanto una amenaza como una oportunidad. Por un lado, podría reducir temporalmente la demanda estadounidense por cobre peruano; por otro, abre la puerta para expandir exportaciones a otros mercados estratégicos. Un reciente informe de la Cámara de Comercio de Lima indica que Alemania, Tailandia y Francia emergen como destinos atractivos para cátodos de cobre, mientras que Turquía, China y Hong Kong representan nichos de crecimiento para la joyería de oro y plata. En zinc, Perú mantiene el segundo lugar mundial y ha consolidado ventas hacia China, Corea del Sur y España, con espacios aún por explorar en Bélgica y Finlandia.
En el plano global, es claro que la demanda de cobre continuará al alza en los próximos años. BHP pronostica un crecimiento de un millón de toneladas métricas anuales hasta 2035 y estima que para esa fecha el 23 % de la demanda provendrá de proyectos de energía limpia. Trafigura advierte que la inteligencia artificial y los centros de datos podrían añadir otro millón de toneladas de demanda para 2030, exacerbando un déficit proyectado superior a 100,000 toneladas en 2025. Bank of America proyecta que el precio del cobre alcanzará USD 10,750 por tonelada en 2025 gracias a la presión de la oferta limitada y el auge de la electrificación.
Es claro que la magnitud de esta demanda global hace obsoleta la idea de competir entre países o empresas extractivas de la región. Una alianza estratégica sudamericana, que unifique estándares de calidad, responsabilidad social y valor agregado, permitirá consolidar una imagen de proveedores confiables y acceder a segmentos de mercado de alto valor. Ante riesgos de interrupciones en cadenas globales, un bloque regional reforzaría la posición negociadora, compartiría tecnología y articularía políticas comunes de promoción de inversiones. En otras palabras, toca cooperar.
En este contexto, la estrategia del país para el sector minero debe centrarse en tres pilares: diversificación de mercados, sostenibilidad y gobernanza para mitigar riesgos geopolíticos y reforzar la resiliencia frente a cambios de política exterior de otros actores.
Al concluir 2025, Perú tiene la oportunidad de liderar no solo por su potencial mineral, sino por su potencial como articulador regional. Al abrazar la cooperación con vecinos como Chile, Colombia o Brasil —compartiendo infraestructuras portuarias, desarrollos logísticos y lineamientos normativos—, la región no solo capitalizará la creciente demanda, sino que generará un ecosistema de innovación y responsabilidad que proyectará a la región como actor global. Más allá de los vaivenes políticos y las presiones externas, desarrollar esta visión conjunta es clave para convertir el auge minero actual en un motor de desarrollo de largo aliento para el país y la región.
Referencias
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