Gestión ambiental en el Perú: retos al 2030, por Rosario Gómez

La investigadora del CIUP, Rosario Gómez, analiza el panorama ambiental a un año de gobierno del presidente Pedro Castillo.

En el Perú, la gestión ambiental es un componente del proceso de desarrollo nacional, lo cual se expresa en los diferentes instrumentos de política pública tales como el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, la Política Nacional del Ambiente, el Plan de Competitividad y Productividad, entre otros.  El componente ambiental, que incluye tanto el manejo de los recursos naturales como la gestión ambiental, está directamente vinculado con la salud de la población y de los ecosistenas y con la competitividad de las actividades productivas.  Por ejemplo, la contaminación de agua por el derrame de petróleo afecta a los peces que son fuente de alimento para la población local y de ingresos para quienes viven de la venta de los mismos. De otro lado, la contaminación del aire por emisiones crecientes, originadas por el transporte en las ciudades, agudiza los problemas respiratorios de la población.    

Por tanto, la gestión ambiental requiere de una participación responsable y consistente de los sectores público y privado. El Ministerio del Ambiente es la autoridad rectora en materia ambiental, encargada de formular, planificar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la Política Nacional del Ambiente (PNA).  Sin embargo, para el cumplimiento de los objetivos de la PNA se requiere de la participación de los diferentes sectores del ámbito público, quienes en el marco de sus competencias son responsables de impulsar las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la PNA. 

En julio 2021, en el marco de las acciones finales del gobierno de transición, se aprobó la PNA al 2030 (D.S. 023-2021).  En la misma, se presenta un diagnóstico que revela la pérdida de diversidad biológica, aumento en la fragilidad de los ecosistemas y el deterioro de la calidad ambiental.  Por tanto, se plantea como objetivo nacional al 2030: “El Perú reduce la fragilidad de los ecosistemas, conserva la diversidad biológica y recupera los servicios ecosistémicos para mejorar la calidad de vida”. Para ello, establece objetivos prioritarios, indicadores, metas, fichas de seguimiento anual a las metas planteadas.  La PNA es el marco de trabajo de toda institución, pública y privada.  La pregunta es si todos los peruanos y en particular nuestras autoridades, en los diferentes niveles de gobierno, conocemos su alcance y las metas planteadas. 

En el Perú, se ha evolucionado gradualmente: desde una perspectiva sectorial y fragmentada del tema ambiental hacia una visión ecosistémica, donde se reconoce la variedad de ecosistemas y los servicios que estos brindan a la población (provisión, regulación, culturales y soporte).  Además, el Perú participa en diversos foros internacionales donde es reconocido como país megadiverso.  En dicho contexto, el país ha asumido compromisos de reducción de emisiones, impulso de medidas de adaptación frente a los efectos del cambio climático.  De igual forma, participa en iniciativas como Economía Circular y cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  Se entiende por Economía Circular a los procesos de producción y consumo responsable que utilizan tecnologías limpias, promueven el reúso y reciclaje de materiales y ofrecen productos más duraderos para frenar el deterioro ambiental. 

Entre los meses de julio de 2021 y 2022, el sistema de gestión ambiental enfrentó uno de los mayores desastres ecológicos, que fue el derrame de 12 mil barriles de petróleo en el mar, ocurrido el 15 de enero en Ventanilla.  Ello desnudó nuestra fragilidad institucional.  Durante décadas se han elaborado normas e instrumentos y realizado simulacros; pero cuando se tuvo que atender dicho derrame de petróleo, la intervención del Estado fue tardía y desarticulada, según acredita el informe detallado de la Defensoría del Pueblo (2022).  Por tanto, los costos económicos, sociales y ambientales fueron mayores: en términos de pérdida de ingresos, por la paralización de actividades económicas como pesca y turismo; así como la afectación de especies vulnerables (p.ej. lobo marino). Este desastre ecológico evidencia la brecha entre los documentos de política pública y sus objetivos, comentados anteriormente; y la eficiencia y efectividad de la gestión pública, en su capacidad de asegurar el logro de los objetivos propuestos. Este desastre evidenció la urgencia de la evaluación de los sistemas de alerta temprana, la supervisión de los planes de contingencia, el diseño de protocolos pertinentes, establecer los mecanismos de coordinación de alto nivel para atender emergencias y no considerarlos al momento de la ocurrencia del evento. Este desastre motivó la atención nacional e internacional por la magnitud del mismo, sin embargo en la Amazonía también ocurren derrames de petróleo que afectan a la población local, degradan los ecosistemas y aún están a la espera de solución.

El derrame de petróleo ocurrido en Ventanilla, permite reflexionar sobre cómo mejorar la gestión ambiental, no solo para casos de extremos sino también de cara al objetivo de reducir la fragilidad de los ecosistemas y conservar la diversidad biológica.  Para ello, se requiere que las políticas sean armónicas con los objetivos de la PNA; fortalecer la acción coordinada y transectorial; diseñar sistemas de monitoreo que permitan evaluar los avances en el cumplimiento de las metas establecidas; y priorizar acciones, teniendo en cuenta la escasez relativa de los recursos humanos y financieros. 

De otro lado, con el ánimo de impulsar acciones concretas, el sector público podría ser un ejemplo sobre cómo el concepto de Economía Circular contribuye en las respectivas instituciones públicas a reducir el uso de papel, energía y agua y, por tanto, a reducir el gasto en dichos componentes.  De otro lado, la conservación de la diversidad biológica es un objetivo que invita a la cooperación entre los sectores público y privado, a través de la promoción de cadenas de valor sostenibles orientadas al mercado nacional y/o internacional.  Facilitar el acceso a mercados de productos derivados de la diversidad biológica es uno de los mecanismos más efectivos para incentivar su conservación. En este caso, es clave valorar el rol del sector privado en el desarrollo de productos y cumplimiento con las certificaciones que exigen los diferentes mercados.  Además, el ciudadano tiene un rol importante en la gestión ambiental, dado que toma decisiones diarias sobre qué consume y cómo participa en su localidad para mejorar el manejo de los recursos naturales y la calidad ambiental.                   

Finalmente, al 2030 se requiere una institucionalidad ambiental fortalecida con capacidad de gestión efectiva, para ello el trabajo orientado a dicho propósito tiene que dar frutos.  Que el hartazgo no marchite nuestra esperanza y derecho a un ambiente saludable que contribuya a mejorar la calidad de vida de la población.