Ambiente y desarrollo: desafío al 2030, por Rosario Gómez

Columna de opinión de la investigadora Rosario Gómez.

En el Perú, el componente ambiental es un condicionante del crecimiento económico y el desarrollo.  Dicho componente incluye tanto el manejo de los recursos naturales como la gestión ambiental y está directamente vinculado con la salud de la población, la competitividad de las actividades productivas y la salud de los ecosistemas.  Por ejemplo, la contaminación de agua por derrame de petróleo afecta a los peces que son fuente de alimento para la población local y fuente de ingresos para quienes viven de la venta de estos. De otro lado, la contaminación de aire por emisiones crecientes, originadas por el transporte en las ciudades, agudiza los problemas respiratorios de la población.  De igual forma, la ocupación desordenada del territorio, evidenciada en el asentamiento de viviendas en zonas de riesgo, incrementa la vulnerabilidad de las familias frente a eventos extremos (p. ej., lluvias intensas terremotos).

Las políticas públicas reconocen al ambiente como un elemento clave para el desarrollo.  En este sentido, la Ley General del Ambiente establece que el objetivo de la Política Nacional del Ambiente (PNA) es mejorar la calidad de vida de las personas y el desarrollo sostenible.  Por ello, los diversos instrumentos de política pública tales como el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, el Plan de Competitividad y Productividad, entre otros, orientan las decisiones para el logro del desarrollo sostenible.

Se tiene que garantizar la existencia de ecosistemas saludables en el largo plazo.  Por ello la PNA ha establecido como objetivo nacional al 2030: “El Perú reduce la fragilidad de los ecosistemas, conserva la diversidad biológica y recupera los servicios ecosistémicos para mejorar la calidad de vida”.  La PNA es el marco de trabajo de toda institución pública y privada.  La pregunta es si todos los peruanos, y en particular nuestras autoridades de los diferentes niveles de gobierno, conocemos su alcance y metas planteadas.  La PNA presenta un diagnóstico que revela la pérdida de diversidad biológica, aumento en la fragilidad de los ecosistemas y el deterioro de la calidad ambiental.

En el Perú, se ha evolucionado gradualmente de una perspectiva sectorial y fragmentada para el manejo del ambiente hacia una visión ecosistémica, donde se reconoce la variedad de ecosistemas y los servicios que estos brindan a la población (provisión, regulación, culturales y soporte).  Además, el país ha asumido compromisos nacionales e internacionales de reducción de emisiones, impulso de medidas de adaptación frente a los efectos del cambio climático, en el marco de los cuales se tiene la oportunidad de fortalecer la ruta hacia el desarrollo sostenible.

Durante el 2022, el sistema de gestión ambiental enfrentó uno de los mayores desastres ecológicos, que fue el derrame de 12 mil barriles de petróleo en el mar, ocurrido el 15 de enero en Ventanilla.  Ello desnudó nuestra fragilidad institucional.  Durante décadas se han elaborado normas, instrumentos, realizado simulacros, pero cuando se tuvo que atender dicho derrame de petróleo; la intervención del Estado fue tardía y desarticulada, según acredita el informe detallado de la Defensoría del Pueblo (2022).  Por tanto, los costos económicos, sociales y ambientales fueron mayores, en términos de pérdida de ingresos por paralización de actividades económicas como pesca y turismo; afectación especies vulnerables (como el lobo marino).  Este desastre ecológico evidencia la brecha entre los documentos de política pública y sus objetivos, comentados anteriormente; y la eficiencia y efectividad de la gestión pública, en su capacidad de asegurar el logro de dichos objetivos. Este desastre evidenció la urgencia de la evaluación de los sistemas de alerta temprana, la supervisión de los planes de contingencia, el diseño de protocolos pertinentes, el establecimiento de mecanismos de coordinación de alto nivel para atender emergencias y no considerarlos al momento de la ocurrencia del evento.  Este desastre motivó la atención nacional e internacional por la magnitud del mismo; sin embargo, en la Amazonía también ocurren derrames de petróleo que impactan sobre la calidad de vida de la población local y comunidades indígenas.  Dichos derrames, por su naturaleza, degradan los ecosistemas y aún están a la espera de solución.

El derrame de petróleo ocurrido en Ventanilla permite reflexionar sobre cómo mejorar la gestión ambiental, no solo para atender casos extremos sino también de cara con el objetivo de reducir la fragilidad de los ecosistemas y conservar la diversidad biológica.  Para ello, se requiere fortalecer la acción coordinada y transectorial; diseñar sistemas de monitoreo que permitan evaluar los avances en el cumplimiento de las metas establecidas; y priorizar acciones, teniendo en cuenta la escasez relativa de los recursos humanos y financieros. 

El cambio de autoridades regionales y locales brinda la oportunidad de organizar los esfuerzos para contribuir con el logro de las metas ambientales y de desarrollo nacional. Un ámbito estratégico donde intervenir son las ciudades, donde vive el 79% de la población nacional. Las ciudades están afectadas por contaminación de agua y aire, disposición inadecuada de residuos sólidos, incremento de áreas vulnerables, entre otros; todo ello en un contexto de una ocupación desordenada del territorio.  Por tanto, el reto es como se priorizan las acciones en el marco de los planes de desarrollo regional y local con la finalidad de atender los problemas ambientales, directamente vinculados con la calidad de vida de la población.  Ello implica una priorización y asignación eficiente de los recursos financieros para alcanzar las metas propuestas e impulsar el funcionamiento de ciudades sostenibles y resilientes.

Con el ánimo de motivar acciones concretas y ejemplares en el ámbito público, en el marco de la Economía Circular, se podría impulsar la reducción del uso de papel, energía y agua y, por tanto, contribuir a reducir el gasto en dichos componentes.  De esa manera se puede contribuir con el logro de la meta: “el 20% de las instituciones públicas mejoran la eficiencia en el uso de los recursos”, la cual está incluida en la PNA.

De otro lado, la conservación de la diversidad biológica es un objetivo que invita a la cooperación entre los sectores público y privado, a través de la promoción de cadenas de valor sostenibles orientadas al mercado nacional y/o internacional. Facilitar que productos derivados de la diversidad biológica accedan a mercados emergentes es uno de los mecanismos más efectivos para incentivar su conservación. En este caso, es clave valorar el rol que tiene el sector privado en el desarrollo de productos y el cumplimiento de estándares internacionales acreditados en las respectivas certificaciones que exigen los diferentes mercados.  Además, el ciudadano tiene un rol importante en la gestión ambiental, dado que toma decisiones diarias sobre qué consume y cómo participa en su localidad para mejorar el manejo de los recursos naturales y la calidad ambiental.

Finalmente, se necesita una institucionalidad ambiental fortalecida con capacidad de gestión efectiva.  Las políticas y medidas a través de normas e instrumentos existen. Se requiere una gestión pública articulada entre los diferentes niveles de gobierno (nacional, regional y local) con capacidad de emprender programas y proyectos de alto impacto, con metas factibles y recursos financieros que garanticen su viabilidad.  De igual forma, una gestión sustentada en el monitoreo y evaluación de las intervenciones es fundamental para asegurar el logro de los objetivos propuestos.  Finalmente, la rendición de cuentas sobre los resultados alcanzados es una condición necesaria de una gestión pública ambiental transparente. Que la esperanza de un país sostenible se fortalezca, en el marco de los retos que vive el país.