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El presente trabajo propone un nuevo enfoque en el análisis de una institución de trascendental importancia para los fines del proceso: la prueba. En el derecho comparado existen recientes trabajos doctrinarios y desarrollos jurisprudenciales que, alejándose de la perspectiva que estudia la prueba como mera actividad-que sólo analiza el conjunto de normas que regulan su admisibilidad y desarrollos procedimentales-, reconocen la existencia de un derecho básico o esencial, que permite hablar con todo rigor del derecho fundamental a probar. Aquello implica que todo sujeto de derechos pueda ejercerlo dentro de un proceso judicial -civil, penal, constitucional, laboral, etc.- o dentro de un procedimiento -administrativo, militar o arbitral. Además, constituye un elemento esencial del ordenamiento jurídico, contribuyendo a darle sus contenidos básicos e informando la organización jurídica y política del Estado con propia fuerza normativa.

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