Derecho Internacional y Derechos Humanos Discriminación social

Recordatorios al Estado peruano en el mes del orgullo LGBTIQ+, por Diego Quesada

26 junio, 2020

En el día central del mes del orgullo LGBTIQ+, el egresado de Derecho y asistente de investigación de la UP, Diego Quesada Nicoli, comparte su columna de opinión donde repasa las trabas que deben afrontar las personas que forman parte de la comunidad LGBTIQ+ en nuestro país, y brinda una serie de tareas pendientes que el Estado peruano debe realizar para incluir plenamente a dicha comunidad en la sociedad.

El acrónimo LGBTIQ+ con todas sus variantes reúne las identidades que no calzan en el paradigma tradicional bajo el cual la sociedad ha entendido la sexualidad, caracterizado por rígidas normas de género basadas en la genitalidad, el binario masculino-femenino y la heterosexualidad obligatoria. A pesar de haber sido invisibilizados, el mes del orgullo sirve para recordarle a la sociedad y al Estado que existimos y que tienen deudas históricas pendientes con nosotrxs. Pero, ¿quiénes están detrás de la repetición de estas letras?

En primer lugar, las personas gays, lesbianas y bisexuales son aquellas que tienen una orientación sexual no-heterosexual, ya sea porque experimentan atracción hacia personas del mismo género o más de un sólo género. La letra “T”, por su lado, se refiere a las personas trans: un término paraguas utilizado para comprender a todas las identidades que no se sienten representadas por el sexo femenino o masculino asignado al nacer. Este concepto incluye a las personas transmasculinas, transfemeninas, las identidades no binarias y a cualquier otra identidad no-cisgénero. En los últimos años, además, se viene explicitando a las personas queer bajo la “Q”, quienes rechazan las ideas o estereotipos sociales acerca de cómo deben actuar o expresarse en virtud de su género.

Finalmente, la “I” hace referencia a las personas intersexuales, quienes nacen con características sexuales (como genitales internos o externos, gónadas, cromosomas, hormonas, entre otras) que varían de la idea médica de cuerpos promedios masculinos y femeninos. Las personas intersexuales, como todxs, tienen una identidad de género y una orientación sexual. Además, se suele agregar al final un símbolo “+” o “*” para incluir a cualquier otra identidad no representada en las siglas del acrónimo.

En las últimas décadas, las personas LGBTIQ+ alrededor del mundo han conquistado un conjunto de derechos: desde la despenalización de los deseos e identidades, la protección frente a la discriminación y la violencia, las leyes de identidad de género, hasta el matrimonio igualitario y el reconocimiento de familias homoparentales. La situación de las personas LGBTIQ+ en el mundo, sin embargo, es profundamente desigual: mientras que Costa Rica hace algunas semanas se convirtió en el país número 29 en permitir el matrimonio igualitario, todavía existen más de 60 países con normas penales que criminalizan las relaciones sexuales entre personas del mismo género.

El panorama que ofrece el derecho internacional de los derechos humanos en la región es alentador. En 2018, la Opinión Consultiva OC-24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) reconoció que los Estados parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -entre ellos el Perú- tienen la obligación de (i) garantizar los mismos derechos a las parejas del mismo género por medio del matrimonio (y no otra institución con nomenclatura diferente) y (ii) reconocer la identidad de género de las personas trans en los registros y documentos al permitir adecuar sus datos personales por medio de un procedimiento basado en la autopercepción.

¿Qué pasa en el Perú?

Por un lado, somos uno de los pocos países sudamericanos -junto con Paraguay, Venezuela y Bolivia- que no tiene ninguna fórmula de protección jurídica de las parejas del mismo género. Ninguna. Por otro lado, las personas trans no cuentan con un mecanismo accesible para adecuar los datos de su DNI a su identidad. En cambio, se ven forzadas a acudir a la vía judicial, con resultados sumamente inciertos, años de litigio y requisitos abusivos que patologizan sus identidades. Los proyectos de ley de matrimonio igualitario y de identidad de género, presentados en el congreso disuelto, no llegaron ni a ser agendados en la Comisión de Constitución. ¿Por qué no se cumple en el Perú lo señalado por la Corte IDH en la OC-24/17? La respuesta es simple: porque no hay voluntad política. En peruano: porque a nuestras autoridades no les interesa. Este es un primer recordatorio al Estado que tiene estándares muy claros de la Corte IDH por cumplir. Mientras que no existan leyes de matrimonio igualitario y de identidad de género, el Perú incurre en responsabilidad internacional.

En enero de 2017, no obstante, sucedió algo sin precedentes en nuestro país: el Ejecutivo promulgó el Decreto Legislativo 1323, que modificó el Código Penal para sancionar la violencia y discriminación hacia las personas sexualmente diversas. En concreto, la norma incorporó la orientación sexual y la identidad de género como agravantes cuando motivaron la comisión de un delito y como causales del delito de discriminación. Aunque parezca increíble, y a pesar del (fallido) intento del Congreso de derogar estas disposiciones, los crímenes de odio y el delito de discriminación ya son una realidad (formal) en nuestro país. Sin embargo, nuestro sistema de justicia penal desde los agentes policiales hasta los fiscales y jueces es, aún, sumamente adverso a estas vivencias. Entonces, ¿cómo sancionar estas conductas cuando, muchas veces, es el propio sistema de justicia que nos revictimiza y violenta?

Hace sólo unos meses, la Corte IDH responsabilizó al Estado peruano por actos de tortura y violencia sexual realizados por miembros de la policía en contra de Azul Rojas Marín, una mujer trans, en una comisaría del norte del país. La decisión, de hecho, reconoció que este no fue un hecho aislado, sino que, en el Perú, existe un contexto de violencia generalizada hacia las personas sexualmente diversas. Esta sentencia resulta clave pues el tribunal ordenó al Perú adoptar una serie de medidas para garantizar que la violencia hacia las personas LGBTQ+ sea efectivamente investigada y sancionada por el Estado. En particular, el tribunal ordenó al Perú implementar protocolos de atención y violencia para personas LGBTIQ+, la capacitación de las autoridades en el respeto a la diversidad, y la recolección de estadística específica sobre la violencia que sufrimos. Aquí le hacemos un segundo recordatorio al Estado: el Perú tiene mandatos concretos de la Corte IDH de construir un sistema de justicia que también funcione para nosotrxs.

Finalmente, el caso de Azul nos recuerda que la discriminación y la violencia no nos afecta de la misma forma a todas las personas LGBTQ+. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que las personas trans, sobre todo las mujeres trans, viven en un círculo de exclusión, discriminación y violencia estructural desde muy pequeñas por el rechazo de sus familias, comunidades y la sociedad en general. De hecho, la esperanza de vida de una mujer trans en Latinoamérica es entre 30 y 35 años. Ellas son, probablemente, la población más vulnerable de nuestro país. ¿Sabe esto el Estado peruano? Además, la violencia que experimenta una persona por ser LGBTQ+ se articula con otras violencias como, por ejemplo, aquellas ejercidas por el hecho de ser mujer, indígena, afrodescendiente, quechuahablante, persona con discapacidad o migrante venezolanx en el Perú. Al respecto, un último recordatorio: el Estado no está atendiendo, por prejuicio o indiferencia, las necesidades de las personas LGBTIQ+ que viven en una situación de violencia estructural y cotidiana.

Más allá de los recordatorios al Estado, este mes del orgullo LGBTIQ+ puede ser una oportunidad para empatizar con las experiencias ajenas, reconocer nuestros privilegios y repensar nuestra idea de un país para todxs.

*Foto: ANDINA

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