Crisis económicas Pobreza y desigualdad

La crisis de la desigualdad: América Latina y el Caribe en la encrucijada, por Germán Alarco

21 diciembre, 2020

Columna de opinión del investigador CIUP, Germán Alarco.

En plena pandemia del covid-19 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) nos sorprendió con un libro sobre la crisis de la desigualdad en América Latina y el Caribe (ALC). El tema no es parte de la cartera tradicional de un organismo financiero, en este caso regional; ya que en ese tipo de instituciones domina la visión de los economistas estándar para quienes equivocadamente hacer frente a la elevada desigualdad afecta la eficiencia económica.

Es una publicación amplia con catorce capítulos que pudieran dividirse en cinco apartados. El primero inicia con un resumen sobre las sociedades fracturadas, una panorámica de la desigualdad del ingreso y la desigualdad en tiempos del covid-19. El segundo grupo de estudios se enfoca en las disparidades regionales y la segregación urbana, en las brechas de género, raza y etnicidad. La tercera parte se refiere a la desigualdad en la educación y salud.

La cuarta parte se refiere a temas diversos vinculando la desigualdad con los mercados laborales, la delincuencia, el cambio climático y los desastres naturales y la inclusión financiera. La última parte se refiere a los efectos limitados de la política fiscal para la redistribución del ingreso en nuestra región; la redistribución del ingreso a través del proceso democrático; y el último sobre como las percepciones sobre la desigualdad erosionan la confianza mutua.

Visión panorámica
El prefacio del libro estuvo a cargo del ex presidente del BID, dos meses antes del cambio al polémico ciudadano cubano norteamericano amigo de D. Trump. De partida, señala que las diversas formas de desigualdad socavan la cohesión social y el sentido de pertenencia a algo más grande que uno mismo; aunque el BID no menciona los impactos macroeconómicos negativos que puede generar.

El género, la raza y la etnicidad, al igual que los ingresos, son poderosos determinantes del acceso a la atención de la salud, la educación, el empleo y el sistema legal. Las desigualdades comienzan temprano en la vida y se hacen más grandes durante la infancia y la adolescencia, dando a los niños de distintos orígenes oportunidades diferentes para crecer y desarrollarse.

Los pobres y las clases medias bajas viven en vecindarios diferentes, asisten a escuelas diferentes y visitan clínicas diferentes. Es mucho más probable que quienes pertenecen a estos grupos sean víctimas de delitos violentos que aquellos que pertenecen a la clase alta y que estén mucho más expuestos a los efectos destructivos del cambio climático y los desastres naturales. Asimismo, las oportunidades de empleo decente son mayores para unos pocos respecto del resto.

Dificultades para redistribuir
Los gobiernos de ALC son ocho veces menos eficaces que los países más desarrollados en la reducción de la desigualdad a través de los impuestos y el gasto público. Las políticas redistributivas de los países de la región reducen la desigualdad en menos de un 5%, mientras que el mundo industrializado lo hace en un 38%. La incapacidad de redistribuir se puede resumir según el BID en pensiones, gasto social y política fiscal fallidas.

Los sistemas de pensiones no contributivas se han ampliado en la región durante las dos últimas décadas en un esfuerzo por llegar a los más vulnerables, pero lograr la paridad con las pensiones que ofrece el empleo formal sigue siendo un objetivo lejano. Los niveles de gasto social en la región son bajos. Gran parte de lo que se gasta se hace por medio de subsidios de precios mal orientados.

Una redistribución más eficaz, podría lograrse a través de subsidios directos a los ingresos de los pobres y de las clases medias bajas. La redistribución basada en los impuestos ha fracasado debido a la limitada capacidad de los gobiernos para controlar los altos niveles de evasión fiscal que prevalecen en la región.

Tener niveles moderados de desigualdad no es perjudicial e incluso puede resultar beneficioso, por ejemplo, para estimular la iniciativa personal. Pero cuando la desigualdad es demasiado grande, se abre las puertas a la desmotivación, la desconfianza y el cinismo, erosionando lentamente los vínculos sociales. En última instancia, nadie se beneficia cuando la creencia en el bien común es sustituida por la visión de que la vida social es una cuestión de sálvese quien pueda.

Menor desigualdad histórica
Una información relevante del BID, utilizando otras fuentes, es que la región no siempre fue tan desproporcionadamente desigual como lo es actualmente ni fue siempre una de las más desiguales del mundo. Al respecto, utilizan el trabajo de Milanovic, Lindert y Williamson (2011) y luego el de Williamson (2015) que destaca en primer lugar que la mayoría de las sociedades de América Latina tiene actualmente un coeficiente de Gini mucho más alto del que tenían hace 150-200 años.

En segundo lugar, en comparación con el resto del mundo, la desigualdad en la región no era alta en las décadas posteriores a la independencia, sino que se volvió alta solo en comparación con aquellos países que se convirtieron en economías desarrolladas después de la Primera Guerra Mundial e implantaron políticas que promovieron sociedades más igualitarias. Por tanto, en el conjunto de países que actualmente son desarrollados se redujo la desigualdad mediante cambios en las políticas públicas y en las instituciones; lo cual no ocurrió en ALC.

Ingresos de los ricos subestimados
Se reconoce que las estadísticas tienden a subestimar la desigualdad del ingreso. En la literatura especializada es habitual obtener la información sobre el ingreso de las encuestas a los hogares que suelen excluir la parte alta de la distribución del ingreso. Los datos de las declaraciones de la renta son una manera de remediar este problema, pero que no se utiliza extensivamente en ALC.

La concentración del ingreso en la parte superior de la distribución es mucho mayor en ALC que en otras regiones. En promedio, en ALC el 1% más rico percibe el 21%, mientras que el 10% con más ingresos gana más de la mitad del ingreso nacional antes de impuestos. A pesar de la pequeña muestra de países de América Latina para los que hay datos disponibles, estas cifras son abrumadoras y conforman un patrón que no se produce en muchas otras regiones del mundo. En los países de la OCDE y en los países con un nivel de desarrollo similar al de la muestra de ALC, el 1% más rico percibe en promedio entre el 10% y el 12% del total del ingreso nacional antes de impuestos, respectivamente.

Percepción de injusticia
A pesar de la disminución de la desigualdad del ingreso en ALC de los años noventa a la primera década del siglo XXI, muchas personas perciben que la distribución del ingreso es injusta. Cada año se les pregunta a las personas de una muestra grande de países de América Latina: ¿cuán justa cree usted que es la distribución del ingreso en (su país)?

En 2001, aquellos que respondieron justa o muy justa constituían solo el 10% de la muestra. Sin embargo, a medida que la desigualdad del ingreso disminuyó en la región, un porcentaje mayor empezó a percibir la distribución del ingreso como justa, hasta llegar casi al 25% en 2013. Una vez que la disminución de la desigualdad se redujo después de 2013 las percepciones de justicia empezaron nuevamente a disminuir.

En 2020, con los impactos de la covid-19, la región vive con una extrema desigualdad del ingreso y casi el 85% de los encuestados declaran que consideran que esta es injusta. Es probable que estas percepciones se basen no solo en su posición relativa en la distribución del ingreso sino también en su experiencia cotidiana.

Independientemente del ingreso, las oportunidades desiguales basadas en la raza o el género, el acceso desigual a los servicios de salud y a buenas escuelas, el tratamiento desigual ante la ley y la dignidad desigual en la manera en que las personas son tratadas en la sociedad también moldean las percepciones.

Impactos del covid-19
Las pandemias, incluida la del covid-19, parecen aumentar la desigualdad de manera inequívoca. Con la crisis actual es importante distinguir dos horizontes temporales: en primer lugar, los efectos del confinamiento a corto y medio plazo, las medidas de distanciamiento social y la consiguiente recesión; y, en segundo lugar, los efectos a largo plazo que se manifestarán una vez que la pandemia acabe.

Los trabajos con más probabilidades de verse afectados por las medidas de distanciamiento social, aquellos con una baja puntuación en el índice del teletrabajo y aquellos con una alta puntuación en la escala de proximidad personal (como el comercio minorista, la construcción y los restaurantes) tienen más probabilidades de ser realizados por trabajadores económicamente vulnerables, es decir, trabajadores con pocos años de escolarización, opciones de atención sanitaria limitadas y salarios que se sitúan en la parte inferior de la distribución del ingreso. La pérdida del empleo fue también mayor en quienes tienen menores ingresos.

Más allá del impacto a corto y medio plazo de los cataclismos económicos, hay amplia evidencia en la literatura según la cual las recesiones y las crisis económicas tienen efectos duraderos sobre la acumulación de capital humano. Las recesiones elevan la mortalidad infantil y otras enfermedades. Los shocks económicos negativos pueden condicionar directamente la educación de los niños, sobre todo la de los niños en la escuela secundaria que quizás tengan que elegir, en el futuro, entre seguir yendo a la escuela o trabajar para ayudar a la familia.

Debido a la pandemia, las escuelas cerraron para mitigar la propagación del virus. Estos cierres tienen dos consecuencias importantes. En primer lugar, puede que los alumnos se desentiendan e incluso abandonen completamente la escuela. En segundo lugar, es probable que las pérdidas de aprendizaje sean considerables incluso para los alumnos que siguen yendo a la escuela. Los impactos a largo plazo en los alumnos son significativos y comprenden menos años de escolarización, una graduación más tardía y una mayor probabilidad de no tener un empleo o de no estudiar.

Propuestas de solución
Desafortunadamente, no hay un capítulo que sintetice las recomendaciones de política del libro para reducir la elevada desigualdad; están en realidad en cada uno de estos. Dentro de lo estándar destacaría aumentar el gasto y la calidad de la educación y salud especialmente en favor de los estratos de menores ingresos, en gobiernos subnacionales y para grupos étnicos particulares. Hay que invertir en los insumos de estas actividades para mejorar sus resultados.

En la misma línea hay que invertir en capital humano para reducir las diferencias intersalariales. Sin embargo, como domina una visión de la economía más estándar no le otorgan una mayor importancia a la política de salarios mínimos y a la promoción de la sindicalización. Como era obvio, mencionan el peligro de promover la informalidad y que la sindicalización solo se pueda llevar a cabo en estratos de ingresos medios, y no en los más pobres.

Una aportación interesante es la de destacar la importancia de mejorar los espacios urbanos dentro de las ciudades; y en general de las condiciones de vida de los estratos de más bajos ingresos de la población. La mejora de estos contribuiría a la reducción de la delincuencia y la violencia en general. A la par habría que promover un acceso más igualitario a la justicia (no solo para los estratos medios y altos de la sociedad). Se proponen también avanzar en la inclusión financiera, agregando de nuestra parte lo relativo a intensificar la infraestructura digital. También impulsar la mitigación de los impactos del cambio climático y de los desastres naturales que exacerban la desigualdad.

No nos atrae que se plantee que las políticas fiscales por el lado de los ingresos y gastos hayan tenido impactos reducidos para reducir la elevada desigualdad en ALC respecto de las economías desarrolladas; sin embargo, tienen razón. Ellos reconocen que se debe hacer un gran esfuerzo por el lado de los ingresos públicos, especialmente de los impuestos directos a la renta y a la propiedad (aunque no nos gustan los prediales), aumentar y mejorar la calidad del gasto público (focalización para minimizar filtraciones). No mencionan como mitigar o regular la elevada concentración de la riqueza.

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